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El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó este miércoles ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, aprobado por la Cámara de Diputados en diciembre, en el que se le recortaron 950 millones de pesos.
La autoridad electoral administrativa planteó que dicha reducción presupuestal, aprobada por la Cámara de Diputados, vulnera su autonomía e impide su participación en los comicios que se realizarán en cinco entidades.
"La drástica reducción presupuestal determinada por el Legislativo impide que el INE, de forma independiente y autónoma, participe en la organización de los procesos electorales que se realizarán este año en Baja California, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas, con lo cual se vulnera el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía en esas entidades", indicó.
Señaló que el recorte a su presupuesto también genera un impacto en la expedición de millones de credenciales para votar gratuitamente, que fiscalice los recursos de los partidos políticos y las candidaturas; monitoree las transmisiones de radio y televisión y que cumpla con otras obligaciones constitucionales y legales.
El instituto refirió que el presupuesto que había previsto para este año incluía medidas de austeridad, cuidando que los recursos fueran los necesarios, lo cual, reclamó, no fue tomado en cuenta por los diputados.
Por ello, dijo que decidió seguir la ruta jurídica establecida en el artículo 105 de la Constitución y promover una controversia constitucional en contra del PEF, por la vulneración a la autonomía e independencia.
"El INE considera que la Cámara de Diputados no puede válidamente realizar una reducción presupuestaria que, sin justificación, motivación ni fundamentación alguna, sin un análisis de las consecuencias e implicaciones que supone y sin estar en un contexto de reducción del presupuesto público general, impida al INE el ejercicio de sus funciones, pues ello claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica, sometiéndolo a la necesidad de dejar de cumplir con sus obligaciones, o bien, gestionar ampliaciones presupuestales con el gobierno federal", aseveró.
En la controversia constitucional también se plantea la invasión a la esfera competencial del INE por parte de la Cámara de Diputados, al establecer aspectos inherentes a las condiciones de trabajo de los servidores públicos, las cuales se rigen por lo que establece la ley electoral y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa.