CIUDAD DE MÉXICO. Con una votación dividida, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pospuso la resolución de un recurso de revisión sobre el caso Tlatlaya.
En la sesión de este miércoles –que inició con seis comisionados de los siete que integran el pleno, pues Oscar Guerra Ford había anunciado que no asistiría por razones personales- el comisionado Javier Acuña Llamas expuso el recurso de revisión RDA 0463/15.
De acuerdo con el recurso, un particular había solicitado la versión pública de la averiguación iniciada por la Procuraduría General de Justicia Militar, por los hechos ocurridos el 30 de junio del año 2014, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.
En respuesta, la Sedena, a través del Supremo Tribunal Militar, señaló que la información estaba reservada por 12 años con fundamento en el Artículo 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Además que la averiguación previa actualmente tiene la naturaleza de causa penal y se encuentra radicada en su totalidad en original en el Juzgado Sexto Militar, pues aún existen pruebas por desahogarse.
Además los delitos imputados por la autoridad castrense son del orden militar tales como presunta desobediencia e infracción de deberes militares, y que los hechos constitutivos de probables violaciones a derechos humanos no se están investigando en dicho expediente.
Ante ello Acuña Llamas consideró que si bien el lapso de 12 años es excesivo, la argumentación es correcta, por lo que propuso modificar la respuesta para que la información solo permanezca dos años reservada.
Sin embargo la comisionada Areli Cano Guadiana consideró que no había suficientes elementos para votar el proyecto de Acuña, y que el INAI debe conocer el documento en cuestión para saber si es justificable la reserva de información.
Por ello propuso posponer la votación y que a efecto de allegarse mayores elementos se solicite a la Sedena remitir al Instituto Nacional de Transparencia, vía la ponencia del comisionado Acuña, la consulta de la averiguación previa o de la información solicitada.
Recordó que el Artículo 17 de la Ley Federal de Transparencia establece que en todo momento el Instituto tendrá acceso a la información reservada o confidencial para determinar su debida clasificación, desclasificación o la procedencia de otorgar su acceso.
A su vez el comisionado Rosendo Monterrey Chepov, consideró que ello no era necesario, pues la ley contempla que los delitos de lesa humanidad cometidos por militares deben ser juzgados por autoridades civiles y recordó que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene abierta una averiguación en ese sentido.
"Si existieran o si existen violaciones graves a Derechos Humanos en algún expediente, en alguna averiguación previa, ésta se tiene que trasladar al fuero civil y no se puede atender en el fuero militar.
"Ergo, si esta averiguación previa se queda en el fuero militar, quiere decir que por supuesto, aunque esté relacionada con determinados hechos -en este caso, con el caso Tlatlaya- esta averiguación previa no se circunscribe a atender la investigación sobre posibles violaciones graves a derechos humanos", explicó.
Sin embargo la moción de la comisionada Cano Guadiana fue avalada también por los comisionados Joel Salas, Patricia Kurczyn Villalobos y por Guerra Ford, quién llegó durante la tercera ronda de discusión y se retiró después de votar únicamente este asunto.
Acuña Llamas, Monterrey Chepov y la presidenta del pleno Ximena Puente de la Mora votaron en contra.
En la sesión de este día, el Pleno del INAI también solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) conocer la averiguación previa abierta por la justicia militar contra los implicados, para que los comisionados decidan si es justificable reservar la información.