CIUDAD DE MÉXICO.- Human Rights Watch y Amnistía Internacional Cuestionaron la versión del gobierno de México que dio por muertos a los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y consideraron que aún hay dudas que deben resolverse antes de concluir que los jóvenes fueron asesinados y calcinados.
Horas después de que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre pasado en Iguala, Guerrero, rechazaran la tesis de la Procuraduría General de la República, Human Rights Watch y Amnistía Internacional consideraron que se advierte el interés de las autoridades por concluir la investigación pese a que sólo se ha logrado la identificación de uno de los jóvenes a partir de restos localizados en la zona.
Mientras, el procurador general, Jesús Murillo Karam, sostuvo que no ha dado por cerrado el caso y que lo único que hizo fue dar a conocer las pruebas que a su juicio son los elementos suficientes para concluir que los estudiantes normalistas fueron asesinados, en particular las confesiones de presuntos sicarios considerados como autores materiales.
"Dado los enormes índices de violencia y corrupción de México, lamentablemente no es inverosímil el relato que hace Murillo Karam", dijo el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. "Sin embargo, es difícil confiar en su palabra... porque sabes que en México se arrancan confesiones sobre la base de apremios, torturas, irregularidades, presiones", añadió.
Vivanco dijo que veía una "premura" de las autoridades para "concluir mediáticamente la investigación", simplemente al tomar una prueba contundente -la identificación de un estudiante con restos hallados en la zona- y extrapolarla para decir que como hay testimonios de los detenidos, por consiguiente los 42 alumnos restantes murieron ahí.
Por su parte, Amnistía Internacional señaló que declarar muertos a los 43 estudiantes "es prematura" y puede limitar que se haga una investigación mayor sobre el caso.
"La teoría sobre lo que pudo haber sucedido con los... se basa sobre todo en declaraciones de personas imputadas", señaló el grupo.
Murillo informó el martes de esta semana que tras cuatro meses de investigación, la autoridad federal concluía que luego de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos por policías municipales, fueron entregados a sicarios del grupo criminal "Guerreros Unidos", los cuales los asesinaron e incineraron en un basurero y luego sus restos fueron arrojados en bolsas a un río cercano.
El martes por la noche, los padres acusaron al gobierno de querer cerrar la investigación.
El abogado Vidulfo Rosales, que representa a las familias de los normalistas, enumeró 10 puntos por los que no creen la versión oficial, entre ellos la falta de resultados forenses concluyentes. Con las pruebas de ADN hechas hasta ahora sólo se ha logrado identificar los restos de Alexander Mora Venancio, y el laboratorio austriaco de Innsburck donde se analizan más restos informó recientemente que es posible que no se pueda identificar al resto a partir de las 16 muestras que aún tiene.
Rosales añadió que el próximo 3 de febrero las familias presentarán una queja formal ante el Comité de Desapariciones Forzadas en la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Interrogado sobre las dudas de los padres, el procurador general dijo que si tuviera dudas sobre la investigación "tendría que dejar en libertar a los que confesaron haber matado a los estudiantes".
El caso ha provocado indignación tanto en México como en el extranjero, debido a que los estudiantes desaparecieron a manos de un gobierno local ligado al narcotráfico y porque las autoridades federales tardaron 10 días en intervenir.
Por el caso han sido detenidas 99 personas, entre ellas el alcalde de Iguala que es visto junto con su esposa como autor intelectual de la detención y desaparición de los estudiantes.