Guardia Nacional y prisión preventiva son apuestas riesgosas: CNDH
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Guardia Nacional y prisión preventiva son apuestas riesgosas: CNDH

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Guardia Nacional y prisión preventiva son apuestas riesgosas: CNDH

bulletEl presidente de la CNDH, Luis Raúl González, remarcó que la propuesta de la Guardia Nacional, aún con el mando administrativo civil, es aún una respuesta parcial a la violencia.

Víctor Chávez
23/01/2019
Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, advirtió que las propuestas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la creación de la Guardia Nacional y la ampliación del catálogo de delitos que ameriten la prisión preventiva son “apuestas altamente riesgosas”.

Ante el Congreso de la Unión, el ombudsman nacional alertó que “expandir la esfera de influencia de las Fuerzas Armadas a la seguridad pública y concederles potestad para que asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública, así como adquirir bienes y contratar servicios, aun en estos ámbitos, bajo el manto de reserva y transparencia limitada inherente a las cuestiones de seguridad nacional, es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil”.

“Si se les concede poder económico, se afianza su poder político y se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza, existe el riesgo de que, en la práctica, dejen de existir incentivos reales para que, una vez superados los estados de emergencia, renuncien a tales potestades a favor de la autoridad civil”, insistió.

Remarcó que la propuesta de reforma a la Guardia Nacional, aún con el mando administrativo civil que se ha planteado, continúa siendo una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad, con una visión coyuntural y de corto plazo, que generaría el riesgo de vulnerar derechos humanos.

Además, señaló que no garantizaría terminar con la impunidad, debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, y contravendría sentencias, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales que el país estaría obligado a cumplir, no proporcionando certeza alguna sobre la temporalidad que tendría el inicio del repliegue militar y su sustitución por policías civiles.

Al entregar su informe de labores del 2018, el funcionario expuso también ante diputados y senadores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que la propuesta de ampliar el catálogo de delitos con prisión preventiva “contraviene lo previsto por la Constitución, que establece que tal medida es de carácter excepcional”, y “no garantizaría que el Ministerio Público cumpliera con su obligación de investigar cada caso de manera objetiva, integral y eficiente”.

“Subsistiría el problema de que los imputados, aun siendo responsables del delito, pudieran obtener su libertad al término del procedimiento penal como consecuencia de una investigación deficiente o bien, que gente injustamente imputada permaneciera privada de su libertad indebidamente”, dijo.

Por otro lado, González Pérez pidió que desde la función legislativa, se contribuya a generar un entorno donde se respete el derecho a disentir y se eviten discursos de odio que polaricen y dividan a la sociedad mexicana. “El ejercicio de la conciencia crítica frente a decisiones de gobierno debe dar pauta al debate plural e informado. Nuestro país no está en una lucha épica de malos contra buenos, de patriotas contra traidores”, dijo.