CIUDAD DE MÉXICO. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo durante la visita a nuestro país observó que existe una grave crisis de derechos humanos, con énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura.
A través de un comunicado el organismo dijo que constató esta crisis, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; además existen niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares.
"El efecto de la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza, personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBTI), entre otros", consideró el organismo.
Además, sentenció, existe la violencia contra familiares de víctimas, defensores de derechos humanos y periodistas, "ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia, y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos".
Sobre la desaparición de personas, el organismo consideró este fenómeno como alarmante, pues las cifras y los testimonios dan cuenta de secuestros a manos de grupos de delincuencia organizada y que en muchos casos, no hay denuncia ante la falta de respuesta del Estado o por temor a sufrir una represalia.
Además, comentó que la falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que perpetúa y en ciertos casos impulsa la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos.
En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, el organismo mencionó los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014; en Apatzingán, estado de Michoacán, en enero de 2015; y en Tanhuato, también en Michoacán, en mayo de 2015.
La CIDH reconoció las reformas en materia de derechos humanos impulsadas por el gobierno mexicano, así como los protocolos aprobados para investigar los casos de tortura y desaparición forzada, sin embargo, dijo que constató "una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país".
Por ello, llamó a resolver las causas estructurales de la falta de acceso a la justicia en México, como es la infiltración de grupos del crimen organizado en la policía, sobre todo en el ámbito municipal, así como agencias de procuración de justicia. "La CIDH considera fundamental fortalecer y consolidar la independencia judicial en México".
RESPALDA INFORME DEL GIEI
La CIDH respaldó el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y con ello urgió al Estado mexicano a esclarecer la verdad de los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
También pidió que la PGR adopte las medidas solicitadas por el GIEI: trasladando la responsabilidad de la investigación a la Subprocuraduría de Derechos Humanos; así como designar, en consulta con el GIEI, un nuevo Fiscal Especial a cargo de la investigación.
Además llamó a reorientar la investigación a fin de seguir las líneas que surgen del informe del GIEI, las cuales distan de las hipótesis de la PGR y que el gobierno mexicano permita a los expertos entrevistar a todos los testigos, incluidos los integrantes del 27 Batallón de Infantería.