CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido del Trabajo aseguró que el Gobierno de Nuevo León, a través de su secretario de Educación, Arturo Estrada Camargo, reconoció que el origen de los recursos empleados para la operación de los Cendis son lícitos y que no hay ningún delito en su manejo.
"Con estas declaraciones el Partido del Trabajo (PT) demuestra que son infundadas y calumniosas las acusaciones del Gobierno federal y que únicamente se trata de la persecución política por la alianza con Morena y el apoyo decidido a Andrés Manuel López Obrador".
Mediante un comunicado, estableció que "ante legisladores locales, Estrada Camargo reconoció que sí existe un acuerdo del 8 de diciembre de 2010, celebrado entre la Asociación Civil "Tierra y Libertad" y el Gobierno de Nuevo León, en donde se señalan una serie de cláusulas, entre ellas, que la directora de los Cendis, María Guadalupe Rodríguez Martínez, tiene derecho a manejar los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales".
Señala además que "la propia directora tiene la obligación de presentar informes ante la SEP de Nuevo León, obligación que cumplió en tiempo y forma, además la dependencia local tiene que presentarlos ante la Secretaría de Educación federal".
Además, y contrario a lo que han negado las autoridades federales, Estrada Camargo aclaró que dicho acuerdo no ha sido revocado y que para abrir una cuenta, la Tesorería estatal debe autorizarla y "es ahí donde aparecen los recursos, lo que claramente figura el montaje hecho por la administración federal en turno".
De esta forma, según el partido encabezado por Alberto Anaya "queda al descubierto la red de mentiras del Gobierno federal en contra de la oposición" y puso en riesgo un proyecto de educación "noble y reconocido a nivel nacional e internacional por sus altos niveles de calidad como son los CENDI's, las preparatorias y la Universidad "Emiliano Zapata".
Finalmente, el PT consideró que "la Procuraduría General de la República (PGR) se ha empecinado en acusar a los dirigentes petistas del delito de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tomando como rehenes políticos a miles de estudiantes".
La PGR acusó a Anaya de 'lavar' 100 millones de pesos que se debieron destinar para la construcción y mantenimiento de 17 Cendis que administraría el Frente Popular Tierra y Libertad, organización social vinculada al PT.
Los recursos fueron trasferidos a un fondo de inversión y, después, depositados a diferentes cuentas bancarias, entre el 2 febrero y el 13 de junio pasado.