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El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, se deslindó de cualquier relación o vínculo con Genaro García Luna, extitular de Seguridad Pública federal, quien fue detenido en Estados Unidos la semana pasada.
"Lo conocí una vez, tan solo 30 segundos, en el sexenio del presidente Felipe Calderón. Saquen las cuentas: yo tenía 26 o 27 años. Nunca participé directamente con él; no recibí ninguna instrucción directa ni de él, ni de sus segundos al mando", dijo.
Aseguró que, en ese entonces, él se desempeñaba en la Policía Federal como jefe de Departamento, luego subió a subdirector, y posteriormente director, lo cual ocurrió en la recta final de la administración de Felipe Calderón.
"Nunca tuve un trato mayor con él", insistió García Harfuch, quien se mostró sorprendido por el cuestionamiento, el cual surgió a raíz de que se le señaló como uno de los hombres cercanos a García Luna.
El 9 de diciembre, el exsecretario de Seguridad Pública fue detenido en Texas, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
A García Luna se le acusa de recibir sobornos del narcotráfico y falso testimonio, según un comunicado de la dependencia.
"A cambio de sobornos multimillonarios, el acusado supuestamente permitió que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad en México. García Luna fue arrestado ayer (9 de diciembre) por agentes federales en Dallas, Texas, y el gobierno buscará su traslado al Distrito Este de Nueva York para enfrentar estos cargos", detalló.
En el texto, el Departamento de Justicia explica que el exfuncionario habría recibido millones de dólares del grupo que lideraba Joaquín 'El Chapo' Guzmán mientras era el encargado de la Policía Federal de México y de Seguridad Pública.
El 17 de diciembre, el juez David Horan en Texas ordenó que García Luna permanezca detenido en Texas y sin fianza mientras espera ser trasladado a Nueva York, donde se llevará a cabo su juicio.
El derecho a fianza le fue negado luego de que los funcionarios judiciales estadunidenses encargados del caso, alegaron ante el juez que representaba un peligro de fuga por la posible protección de funcionarios, exfuncionarios y miembros del Cártel de Sinaloa.