Gálvez impulsa 'ley Bartlett' para fortalecer declaración patrimonial
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Gálvez impulsa 'ley Bartlett' para fortalecer declaración patrimonial

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Gálvez impulsa 'ley Bartlett' para fortalecer declaración patrimonial

La senadora del PAN propuso reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para cerrar los resquicios y fortalecer el sistema de las declaraciones patrimoniales y de intereses.

Eduardo Ortega
01/10/2019
Xóchitl Gálvez, senadora del PAN.
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La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, presentó una iniciativa este martes que denominó 'Ley Bartlett', la cual busca cerrar los resquicios y fortalecer el sistema de las declaraciones patrimoniales y de intereses, así como los mecanismos de supervisión, fiscalización y punición al respecto.

De acuerdo con la legisladora -quien planteó reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas-, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, es un ejemplo de las incongruencias del actual Gobierno, que lleva como su principal bandera la transparencia y el combate a la corrupción, porque omitió información en sus declaraciones.

Dijo que la actual administración federal mide con diferente vara los conflictos de interés, pues condenó al comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Alcocer, y defiende al titular de la CFE, que, bajó el argumento que su pareja e hijos son independientes económicamente, no declaró 25 propiedades y 12 empresas.

“Estos cambios a la ley pretenden ampliar la definición de 'conflicto de interés', para incluir en las causas posibles de desempeño imparcial a las relaciones familiares por consanguinidad o afinidad, de pareja, de amistad, afectivas, profesionales y laborales, en razón de que todas ellas pueden ser motivo de conflicto de interés”, dijo.

Además, agregó, dispone que los servidores públicos que estén obligados a presentarla, deberán adjuntar a su declaración patrimonial, copia de su declaración del Impuesto sobre la Renta, que en la actualidad solo es optativo adjuntarla, y crea la obligación para la Secretaría de la Función Pública (SFP) de llevar a cabo revisiones anuales de la evolución patrimonial de los servidores públicos.

“Estos cambios a la ley evitarán que tengamos, ante omisiones en declaraciones patrimoniales y conflictos de interés, un 'chú chú chú' como respuesta”, remató.