CIUDAD DE MÉXICO.- Víctor Armando Alcaraz Bernal era titular del Fideicomiso Estatal para la Modernización del Transporte (Femot) de Sonora durante la administración de Guillermo Padrés, recibió dos créditos que juntos sumaban 600 millones de pesos para modernizar el servicio de transporte. Dos meses después retiró 569 millones 59 mil 757 pesos, mismos que, luego de una auditoría, no pudo comprobar su destino. La Procuraduría estatal lo encubrió.
El 22 de mayo de 2014, cuatro diputados locales de la LX Legislatura de Sonora presentaron una denuncia penal en contra del entonces director del Femot, por peculado y uso indebido de atribuciones.
En 2012, el Femot recibió dos créditos de Banca Mifel, SA de CV, uno por 400 millones de pesos y otro por 200 millones de pesos, cuyo fin sería "única y exclusivamente la modernización del transporte en la entidad".
No obstante, el 17 de abril y el 10 de agosto de ese mismo año el Femot realizó dos retiros de ese fondo, uno por 379 millones 680 mil pesos y el otro por 189 millones 379 mil 757 pesos, con lo que, de los créditos originales que sumaban 600 millones de pesos, sólo dejaron 26 millones 774 mil 420.
Ante esto, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), con fecha 7 de noviembre de 2013, presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría del estado, radicándose en la Agencia Segunda Investigadora Especializada en Delitos de Querella con No. de EXP. C.I. 1683/2013, Indagatoria penal que, a la fecha, prácticamente no ha tenido avance alguno en el esclarecimiento de los hechos.
Transcurrió el plazo de ley, 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recibido del pliego de observaciones para que el Femot solventara dicho pliego, y no se hizo en tiempo y forma, por lo que el ISAF, en diciembre de 2013, radicó el expediente PRDP/AAE/001/2013, con el que ordenó la indemnización resarcitoria en contra de Alcaraz Bernal como presunto responsable del daño patrimonial en contra del estado de Sonora y del propio Femot.
Alcaraz además cobraba casi el doble de salario, pues debía ganar 120 mil pesos al mes y percibía 205 mil. Días antes de que concluyera la administración de Padrés, diputados locales interpusieron una denuncia ante la procuraduría local, la cual determinó el no ejercicio de la acción penal en contra Bernal con el argumento de que los diputados que presentaron la denuncia no tenían legitimación procesal para interponer la querella.