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Fiscalía reinstala escolta a Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal

La dependencia federal reasignó los elementos de seguridad al extitular de la Agencia de Investigación Criminal, a quien se le había retirado la protección en junio.

En acato a una decisión judicial, la Fiscalía General de la República (FGR) reinstaló la escolta que se le había quitado a Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

El grupo está conformado por 24 elementos de la Policía Federal Ministerial y fue cancelado anteriormente por cuestiones "de austeridad".

Esta acción se realizó luego de que un Tribunal federal desechó una queja que presentó la Fiscalía contra la suspensión de amparo que se le concedió a Zerón, quien renunció a la AIC el 19 de septiembre de 2016.

Desde entonces, la dependencia federal le había asignado una escolta al exfuncionario en acato a un acuerdo presidencial para garantizar la seguridad de aquellos que pudieran estar en riesgo ante su labor.

Con base en dicho acuerdo, se debe garantizar la seguridad a dichos funcionarios, en este caso de Zerón, por cinco años a partir de que dejó el cargo, es decir, hasta el 19 septiembre de 2021 .

A Zerón se le asignaron 24 escoltas y 8 vehículos, de los cuales cuatro eran camionetas blindas y cuatro unidades de seguimiento.

En enero pasado, tras la llegada de la nueva administración federal, se redujo la seguridad a Zerón a 15 elementos, y cuatro vehículos, tres blindados, dos de seguimiento y una motocicleta. En junio se le quitó por completo la seguridad.

Debido a ello, el exfuncionario promovió un amparo y obtuvo la suspensión, cuyo efecto es que se le devuelva la seguridad a Zerón y su familia. Ante ello, la FGR presentó una queja, que también fue resuelta a favor del exfuncionario.

Los magistrados estimaron como adecuada la decisión de concederle la suspensión a Zerón, ya que dijeron que retirar la escolta causaría mayor prejuicio al exfuncionario y su familia que la que pudiera resentir el interés social.

Señalaron que, de negar la suspensión, se podría causar a la parte quejosa "daños y perjuicios de difícil reparación", ya que se pondría en peligro su integridad física e incluso vida.

Negaron los argumentos de la FGR que, en síntesis, señaló que la escota se retiró por un tema de austeridad, pues poner seguridad a exfuncionarios implica un gasto que afecta los recursos financieros de la FGR.

"No asiste la razón en cuanto a que el otorgamiento de la medida cautelar se afectan los recursos financieros y metas de la Fiscalía, en términos de las políticas de austeridad", señaló el tribunal.

La FGR alegó también un tema de competencia, ya que destacó que ,debido a su nueva estructura, ahora la seguridad a los exfuncionarios se debe tramitar ante la Secretaría de Gobernación y la misma tendría que ser aprobaba por la Presidencia de la República.

Al respecto, los magistrados comentaron que darle seguridad a un exfuncionario que labró en temas sensibles de seguridad no priva a la sociedad de algún provecho, ventaja o utilidad que le corresponda, ni se violan normas de orden público.

"Si se brindan los recursos económicos, materiales o humanos del Servicio de Seguridad que, en un principio, se otorgó al ex servidor público quejoso y sus familiares, no se privaría a la sociedad de algún provecho, ventaja o utilidad que le corresponda, ni implicaría la insatisfacción de una necesidad colectiva o la generación de una perturbación pública", agregó.

Desde su cargo, Zerón participó en investigaciones relevantes contra la delincuencia organizada, entre ellas en la captura de Joaquín ' El Chapo' Guzmán.