Falso que se compren medicamentos de mala calidad; dinero sí hay: Insabi
menu-trigger
ESCRIBE LA BÚSQUEDA Y PRESIONA ENTER

Falso que se compren medicamentos de mala calidad; dinero sí hay: Insabi

COMPARTIR

···
menu-trigger

Falso que se compren medicamentos de mala calidad; dinero sí hay: Insabi

bulletYa se hizo la transferencia de los recursos a los estados, 'hayan firmado o no el acuerdo de coordinación', aclaró el titular del organismo, Juan Antonio Ferrer Aguilar.

Víctor Chávez
03/03/2020
Juan Antonio Ferrer, titular del Insabi
Al registrarte estás aceptando el aviso de privacidad y protección de datos. Puedes desuscribirte en cualquier momento.

El director del Instituto para la Salud y el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar, aseguró que es falso que se hayan comprado medicamentos de mala calidad y garantizó que todos los estados ya cuentan con los recursos acordados, aunque algunos gobernadores no hayan firmado el acuerdo de coordinación.

Aclaró que “se ha hecho la transferencia de los recursos a los estados, hayan firmado o no el acuerdo de coordinación, porque la gente no va a esperar. Sí hay dinero para la salud, en estos meses los estados han recibido su recurso y yo he estado pendiente. Están hechos todos los documentos para que se depositen los recursos”, informó.

Al participar este martes en la sesión de “parlamento abierto” para la reforma presidencial al artículo 4º constitucional para llevar a la Constitución los programas sociales de la 4T –que organiza la Cámara de Diputados-, el funcionario sostuvo que “se dice que se compran medicamentos de mala calidad, es falso, se compran medicamentos que autoriza la Organización Mundial de la Salud y la OPS, y cuando llegan al país los revisa Cofepris”.

Por su parte, Joaquín Molina, asesor de la Unidad de Análisis Estratégico y Evaluación del Insabi, garantizó que el instituto asumirá los desafíos que implique la decisión de la Cámara de Diputados porque “no hay verdadero bienestar sin salud para gozar de oportunidades al desarrollo pleno”.

“La reforma da un paso cierto para entender y practicar el derecho a la salud con soluciones a la postergación, deuda social y necesidades de bienestar de la población sin seguridad social”, agregó.

En su ponencia, Adolfo Martínez Valle, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, expresó que la epidemiologia tiene una carga de enfermedades cuyo peso se enfoca en los padecimientos crónicos; incluso, si se “baja la guardia” aparecen nuevos problemas como el coronavirus. Es por ello que el sector salud debe de estar en constante renovación y adaptación. “No es necesario elevar a rango constitucional programas sociales”, refutó.

Angélica Ivonne Cisneros Luján, economista de la UNAM e investigadora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, afirmó que los diputados tienen la histórica oportunidad de revertir las políticas erráticas que por décadas han afectado a la población sin seguridad social para que se evite las diferencias en el acceso a la salud y medicamentos.

Héctor Juan Villarreal Páez, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, expresó que México tiene un problema de espacio fiscal en materia de salud y refirió que no existe un sistema universal en ningún país, que se pueda financiar con el 2.5 por ciento del PIB. Refirió que solo la mitad de la gente que reconoce su necesidad de ser atendido es la que asiste a los servicios de salud pública.

Sobre garantías para estudiantes, Nohemí Leticia Ánimas Vargas, titular de la Coordinación Nacional del Programa de Becas para el Bienestar “Benito Juárez”, sostuvo que éstas son una herramienta básica para garantizar el acceso y permanencia a la educación, con una aportación económica para el estudiante y su familia, que evite la deserción, el ocio y la incorporación de niños y adolescentes al crimen organizado y actividades ilícitas.

Javier López Sánchez, cuarto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), afirmó que “las becas son una garantía del bienestar, no son dádivas, sino derechos”, como una obligación del Estado al promover una política pública que considere a la persona con una visión de derecho y no de asistencialismo, para impulsar la equidad.