WASHINGTON.- Los cinco expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar aval técnico al Estado mexicano a raíz de la desaparición de 43 estudiantes se reunirán por primera vez el mes próximo, se informó el viernes.
La Comisión, basada en Washington, dijo que los expertos realizarán su primera reunión el 11 y 12 de febrero.
El propósito de la reunión, señaló la CIDH, es determinar las fechas de su primera visita a México, así como plantear y adoptar las reglas y los procedimientos internos y adoptar un plan de acción para el cumplimiento de su misión.
Según el acuerdo firmado en noviembre pasado por el gobierno de México y familiares de los jóvenes desaparecidos, los expertos designados por la Comisión se encargarán de elaborar planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Victimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Entre los expertos designados está la ex fiscal general guatemalteca Claudia Paz y Paz, el médico español Carlos Beristain, la ex fiscal colombiana Angela Buitrago, el abogado chileno Francisco Cox Vial y el director nacional de atención de Quejas de la Defensoría del Pueblo en Colombia Alejandro Valencia.
El organismo dijo haberlos seleccionado porque su trayectoria, "sumada al amplio reconocimiento y reputación de trabajo serio e independiente en materia de derechos humanos, contribuirán a la implementación efectiva del acuerdo de asistencia técnica internacional".
Un total de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa están desaparecidos desde el 26 de septiembre tras ser reprimidos por la policía municipal de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, por participar en una protesta.
El Estado de México y los representantes de los estudiantes víctimas de desaparición forzada y sus familias pidieron en octubre a la Comisión asistencia técnica para la búsqueda, investigación y el apoyo a las familias.
El procurador general Jesús Murillo Karam dijo esta semana que su despacho concluyó que tras ser detenidos los 43 estudiantes fueron entregados a sicarios del grupo del narcotráfico Guerreros Unidos que los asesinaron e incineraron en un basurero y luego sus restos fueron arrojados en bolsas a un río cercano.
Familiares de los estudiantes y organizaciones internacionales de derechos humanos rechazaron la versión de Murillo ante varias interrogantes aún por esclarecer.
A principios de octubre la Comisión otorgó medidas cautelares a favor de los 43 estudiantes desaparecidos, facultad de este organismo para solicitar a un Estado que prevenga daños irreparables a personas en situación de riesgo.