WASHINGTON.- Los cinco expertos designados por la CIDH dijeron el jueves que podrían sugerir a las autoridades mexicanas nuevas líneas de investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos desde septiembre.
Los expertos dijeron en conferencia de prensa que viajarán el 1 de marzo a México para entrevistar a funcionarios, familiares de víctimas, revisar el expediente y a cualquier actor que posea información relevante sobre el caso.
La ex fiscal general guatemalteca Claudia Paz y Paz, el médico español Carlos Beristain, la ex fiscal colombiana Angela Buitrago, el abogado chileno Francisco Cox Vial y el director nacional de atención de Quejas de la Defensoría del Pueblo en Colombia Alejandro Valencia ofrecieron una conferencia de prensa tras reunirse por primera vez en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Buitrago explicó que debido a que no se ha probado que los estudiantes están vivos ni muertos, el grupo tiene la obligación de seguir buscando hasta obtener material probatorio definitivo.
"El grupo estará desarrollando su mandato al hacer una propuesta estructural de líneas de búsqueda, y la necesidad de verificación de estas líneas desarrolladas por los cuerpos de investigación", dijo. "Llegaremos a nuestra propia conclusión".
La cancillería mexicana expresó su beneplácito por la asistencia técnica que brindarán los expertos.
Un total de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa están desaparecidos desde el 26 de septiembre tras ser reprimidos por la policía municipal de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, por participar en una protesta.
El Estado y los representantes de los estudiantes víctimas de desaparición forzada y sus familias pidieron en octubre a la Comisión asistencia técnica para la búsqueda, investigación y el apoyo a las familias.
El procurador Jesús Murillo Karam dijo el 27 de enero que la "verdad histórica" del caso es que policías municipales detuvieron a los jóvenes en la ciudad de Iguala y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los mataron y quemaron en el basurero de la municipalidad vecina de Cocula y luego echaron sus restos al río para borrar evidencias.
Pero afirmaciones de peritos argentinos sobre supuestos errores cometidos por la fiscalía mexicana en la investigación han desatado una confrontación entre los parientes de las víctimas y la autoridad.