Exigen indagar predios inflados que gobernador de Colima compró

El diputado priista Víctor Giorgana se pronunció por que la Contraloría estatal revise la compra de cinco terrenos por parte del gobierno de Colima, luego de que existe documentación de que esos predios se pagaron en más de 58 millones de pesos, cuando su precio real –apenas en mayo del año pasado– era de poco más de un millón de pesos.

Tras conocer la información, publicada en El Financiero con documentación que obra en poder de este diario, el legislador aseguró que sin lugar a dudas esto debe ser revisado y aclarado por el propio gobierno del estado.

"El momento por el que atraviesa México exige que las autoridades estatales den claridad en la transparencia, en la aplicación de los recursos públicos. Ya estamos hartos, estamos cansados de acciones que parecen buenas y que terminan beneficiando a particulares", señaló el priista.

"Los priistas exigimos que esta acción sea más que revisada y que de no tener ningún problema se concrete, pero de existir resquemores, dudas o tufo de beneficios personales con esto, se suspenda hasta que haya una investigación", agregó.

Giorgana Jiménez se pronunció a favor de que incluso el Congreso local revise también el asunto.

El diputado Jorge Triana, de Acción Nacional, afirmó que "ese es un conflicto de interés, es el modus operandi que utilizan varios gobernadores: o malbaratar los terrenos propiedad del gobierno o inflar los precios de manera exorbitante para hacer negocio y aquí claramente se trata de lo segundo para beneficiar a alguien que puede ser el propio gobernador o algún funcionario de nivel medio".

Ante ello, aseguró, debe intervenir la Contraloría del gobierno de Colima y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) porque el destino de los terrenos sería para una instancia federal, en este caso se habla de que serían donados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Triana Tena añadió que se tiene que hacer una investigación profunda de toda esta especulación inmobiliaria, que no es la primera vez que sucede y viene a representar "una raya más al tigre para estos gobernadores, de esta generación".

El legislador indicó que si después de esto se desprende algún delito tendrá que intervenir la Procuraduría General de la República (PGR), porque se trata de algo muy grave, de un desfalco al erario muy grande.

"La especulación inmobiliaria es una práctica común, es un flagelo que abona a la corrupción en nuestro país y que se da mucho en los gobiernos estatales, entonces esto se tiene que investigar a fondo", insistió.

Los documentos, en poder de El Financiero, revelan que, en mayo de 2017, el Registro Agrario Nacional entregó a la señora Marisela Trujillo López cinco títulos de propiedad de los terrenos, que abarcan 63 hectáreas y se ubican a la altura del kilómetro 7 de la autopista Colima- Manzanillo.

Nueve meses después Trujillo López vendió esos predios al gobierno de Colima, pero por un costo 4,549 por ciento más alto que el precio real, cantidad que le fue depositada a través de una transferencia electrónica a la cuenta con CLABE interbancaria 012 150 004 521 92640-7, de BBVA Bancomer.