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Yolanda Salomé Santiago Villela, quien fuera directora Administrativa de la Fiscalía de Jalisco, fue enjuiciada por el caso de los tráileres que alojaron más de 700 cadáveres luego de que la morgue metropolitana estaba saturada de cuerpos.
Uno de los contenedores circuló con más de 400 cadáveres por varios municipios de la Zona Conurbada de Guadalajara.
El Juez Octavo de Control del primer distrito, Javier García Muñoz, dictó, a petición de los agentes de Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, medidas cautelares contra la exservidora pública con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por tanto, Santiago Villela deberá presentarse a firmar cada quince días, no salir del país y dar una garantía de cinco mil pesos en un lapso se diez días hábiles.
Las comparecencias se celebrarán durante seis meses y concluirán el 3 de marzo del 2020.
Antecedentes
El 15 de septiembre de 2018, vecinos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga reportaron la presencia de un tráiler con una caja frigorífica y que estaba abandonado; del contenedor escurría sangre y emanaban olores fétidos.
Posteriormente, autoridades estatales informaron que el alojamiento de cuerpos en el tráiler se debía a la falta de espacio para almacenar los cadáveres en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Tras lo anterior, la Contraloría del Estado de Jalisco levantó varias denuncias ante la Fiscalía General, y éstas se desarrollaron con dilación hasta la llegada de la nueva administración estatal, que remitió la carpeta de investigación a la Fiscalía Anticorrupción, y ya entonces comenzaron las indagatorias.
De las investigaciones, se determinó que no existió un contrato de prestación de servicios entre la Fiscalía y las empresas Logística Montes y con Cold Red Transport para la renta de refrigeradores donde se almacenaron cadáveres.
La responsable de esa omisión de contrato fue la entonces Coordinadora General de Administración y Profesionalización, Yolanda Salomé Santiago, quien ordenó los pagos con dinero del Fondo Revolvente de la Fiscalía, mediante cheques expedidos a nombre de empleados que no se presentaban a trabajar.
Los cheques, a su vez, eran endosados a nombre de los prestadores de servicios aun cuando el fondo solo está destinado para atender gastos menores y urgentes de la dependencia, y contemplaba menos de 20 mil pesos mensuales.
Los gastos indebidos superan los 222 mil pesos.
Otras investigaciones
La exfuncionaria es investigada también por recibir pagos como proveedor por parte del Gobierno del estado aunque desempeñaba un cargo público.
Antes de su cargo, fue directora general del Sistema Nacional de Empleo en Jalisco entre 2013 a 2015, y en el periodo de 2015 a 2018 ocupó la Coordinación General de Administración y Profesionalización de la Fiscalía General; desde entonces aparece en el padrón de proveedores del Gobierno de Jalisco, que en 2017 le hizo pagos por 125 millones de pesos, bajo el concepto de 'Fondo Revolvente'.