CIUDAD DE MÉXICO.- La carrera profesional de Alejandro Aguilar López, exagente federal capacitado por el FBI y las policías de Francia, España, Japón e Inglaterra, se truncó cuando un testigo a sueldo de la Procuraduría General de la República (PGR) de Marisela Morales le hizo acusaciones mentirosas que lo ligaban al Cártel de los Beltrán Leyva.
José Salvador Puga, con nombre clave Pitufo, es un Zeta "arrepentido" a quien la PGR utilizó en decenas de fallidos casos contra el crimen organizado.
Él fue quién acusó que Aguilar López de haber colaborado en el intento de fuga de nueve narcotraficantes, entre ellos Gerónimo Gámez García, El Licenciado, supuesto primo de los Beltrán Leyva, por lo que el agente fue encarcelado cuatro años, cuatro meses y cuatro días.
La semana pasada la Procuraduría General de la República reconoció que en administraciones anteriores de la misma dependencia, "basar las investigaciones en el uso de testigos colaboradores o protegidos, llegó a convertirse en una práctica recurrente, sin algún otro sustento".
Tal fue el caso de Pitufo, quien además de Aguilar López incriminó a decenas de funcionarios públicos de todos los niveles, incluidos militares de alto rango que fueron encarcelados y posteriormente liberados al acreditarse que se trató de acusaciones inverosímiles y en muchos casos aleccionados.
Alejandro Aguilar López fue despedido por la Procuraduría General de la República, dependencia que no le quiere regresar su empleo como agente de la Policía Federal Ministerial, pese a que un juez ya lo exoneró y ordenó, desde el 29 de agosto de 2013, su inmediata libertad por falta de pruebas de la fallida fuga durante un traslado de reos hacia el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Jorge Luis Mejía Perea, juez cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco, determinó que los dichos de Pitufo y cuatro testigos protegidos más (Conde, Angélica, Fernando y Guadalupe), eran vagos, imprecisos y, sobre todo, inverosímiles.
El juzgador advirtió que ni el testigo protegido Pitufo ni los otros cuatro testigos "aportaron un sólo dato" que permitiera robustecer las acusaciones contra Aguilar López. Y estableció que al estudiar el expediente se detectaron indicios de que la PGR aleccionó a dichas personas.
"Se contradecían sus acusaciones y nunca pudieron comprobar con pruebas contundentes sus declaraciones. Es decir, fueron inducidas por los ministerios públicos e inventadas por lo que no tenían sustento legal, o sea, no tenían fundamentación ni motivación para hacer acusaciones", apuntó el juez Mejía Perea.
Y aunque a Procuraduría General de la República apeló la sentencia, ésta fue ratificada el 27 de noviembre de 2013 por Fernando José de Jesús López López, titular del Primer Tribunal Unitario de Jalisco, dentro del expediente 344/2013.
Por ello, Aguilar López quedó libre y ya denunció ante la propia Procuraduría a los testigos colaboradores, así como a funcionarios y exfuncionarios de la dependencia, a quienes acusa de haber destruido, no sólo su carretera profesional, sino también su vida.
"Faltos de ética y de escrúpulos me incriminaron desde su imaginación perversa de un delito que jamás cometí, pues estos utilizaron e indujeron a verdaderos delincuentes con el disfraz de testigos protegidos para declarar en forma falsa en mi contra… Ello me sigue causando gravísimas consecuencias en el orden moral, social, económico, familiar, laboral, psicológico y jurídico", afirmó en su denuncia presentada el 11 de abril pasado.
Entre los funcionarios y exfuncionarios de la PGR señalados están Julio Patessi Guedea Téllez, Miguel Ángel Sánchez Méndez, Kerem Hapuch Mares Palafox, Erandi Guadalupe Damián Abrego y Víctor Hugo Romero Cabañas, todos son o eran agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la SIEDO, hoy SEIDO, de la Procuraduría General de la República.
En tanto, José Salvador Puga Quintanilla, Pitufo –quien ya dejó de ser testigo colaborador de la PGR–, tiene una orden de aprehensión pendiente, la cual no se ha ejecutado debido a que ya no es localizable.
