CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI discutirá este lunes si suspende los derechos como militante del gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Hasta ahora, la mayoría de sus miembros se inclinan por hacerlo.
En el trascurso de octubre, el órgano encabezado por Fernando Elías Calles Álvarez, también resolverá si el mandatario de Chihuahua, César Duarte y el de Quintana Roo, Roberto Borge, mantienen sus derechos como priistas, lo mismo que el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, quien fue vinculado a proceso por ejercicio indebido del cargo.
Todos estos priistas fueron denunciados por el consejero político Armando Barajas, quien incluso pidió a la comisión analizar si también procedería la expulsión de estos priistas. Sin embargo, esto no procederá hasta que los procesos legales en su contra concluyan.
LOS SEÑALAMIENTOS CONTRA DUARTE
Entre los elementos que analiza la Comisión de Justicia Partidaria para decidir el futuro de Duarte en el PRI destaca la investigación iniciada por la Procuraduría General de la República (PGR) luego de que diversas dependencias de la administración veracruzana suscribieran más de 20 contratos con empresas fantasma.
También las denuncias penales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación cuando detectó que el estado simulaba reintegrar a la federación casi 5 mil millones de pesos.
Además, el órgano también tomará en cuenta la decisión del Congreso del estado de Veracruz que determinó imponer una multa a Duarte de Ochoa por intervenir de manera ilegal en las recientes elecciones de gobernador.
La sanción impuesta a al gobernador Javier Duarte es de casi 36 mil pesos, según determinó la Junta de Coordinación Política de dicho Congreso.
La multa es un acatamiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, el cual determinó que el gobernador violó las leyes electorales al asistir a eventos partidistas en días hábiles.
El artículo 141 del Código de Justicia Partidaria del PRI precisa que el órgano nacional será el único facultado para aplicar la suspensión de derechos o la expulsión.
Entre las causales de suspensión –según el artículo 146 del mismo ordenamiento–, se encuentra el estar sujeto a proceso penal por delitos dolosos. Dicha suspensión durará hasta que se dicte sentencia definitiva al probable responsable.
La deshonestidad y la ineficiencia política de los militantes en el Revolucionario Institucional también es una causal de que pérdida de derechos como priista.
La suspensión no podrá durar más de tres años.
El artículo 148 del Código, indica que la expulsión procede por cometer faltas de probidad o delitos en el ejercicio de las funciones que un integrante del PRI tiene encomendadas.
En todos los casos, quien denuncie está obligado a presentar pruebas de sus dichos.