CIUDAD DE MÉXICO.- Amagos y presiones marcaron la víspera del día en que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, perderá sus derechos como priista. El excandidato del PRI al gobierno de Veracruz, Héctor Yunes, pidió la expulsión de Duarte y denunció que militantes del estado fueron coaccionados por el mandatario para que descalifiquen la sanción que está por imponerle la Comisión Nacional de Justicia Partidaria.
Aunque asumió la responsabilidad de su derrota electoral del pasado 5 de junio, reconoció que la corrupción de Duarte de Ochoa contribuyó; también lo acusó de promover el voto a favor de un partido político distinto al PRI (no dijo cuál), un hecho que, de acuerdo con el artículo 227 de los estatutos priistas, es causal de expulsión (lo aplicaron a Elba Esther Gordillo).
"He recibido numerosas llamadas de militantes, dirigentes de sectores y organizaciones del PRI de mi estado, así como de presidentes municipales, diputados locales y federales del PRI de Veracruz, para informarme que están siendo coaccionados para firmar un desplegado en respaldo a Javier Duarte", puntualizó en alusión al documento publicado el sábado pasado y que incluye firmas no reconocidas por algunos de quienes supuestamente las aportaron.
La Comisión Nacional de Justicia Partidaria sesionará este lunes por la tarde y suspenderá (según revelaron fuentes del partido a este diario) los derechos partidistas de Javier Duarte. Estos derechos se pierden –entre otras cosas– por estar sujeto a proceso penal por delitos dolosos; la deshonestidad y la ineficiencia política de los militantes también es una causal.
En un comunicado, Héctor Yunes también exhortó a la Procuraduría General de la República (PGR) a concluir la investigación iniciada contra Duarte por presunto enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.
Al respecto, Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de los diputados priistas, aseguró que, en caso de que la PGR lo solicite, "lo más efectivo" será iniciar un juicio de procedencia contra Duarte.
"Lo más efectivo es que, si hay una autoridad judicial que ya empezó una investigación con él, la concluya y solicite a la Cámara el retiro de la protección para el gobernador, pues eso sería el mecanismo más expedito", puntualizó.