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Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, no solo se aseguró de que personajes cercanos a él ocuparán cargos de elección popular en la segunda parte de su administración, sino que a algunos de ellos, que tienen cuentas con la justicia, les brindará fuero constitucional.
En los primeros lugares de las listas de candidatos del PRD en la entidad aparecen los hermanos del gobernador Luis y Antonio García Conejo, quienes buscarán, un lugar en el Senado y la alcaldía de Huetamo, respectivamente.
Pero el candidato que más llama la atención es Genaro Guízar Valencia, quien actualmente es investigado por la Procuraduría General de la República por sus probables nexos con José María Guízar, El Z43.
Guízar Valencia ya fue alcalde en Apatzingán, en el periodo 2008-2011. De hecho, en 2009 fue detenido por las fuerzas federales y trasladado al Penal del Rincón, en Nayarit y, posteriormente, al Centro de Readaptación Social de Mil Cumbres, en Morelia, donde estuvo preso por los delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud por sus vínculos con La Familia Michoacana y sus principales líderes, Nazario Moreno González, El Chayo y con Jesús Méndez Vargas El Chango.
En 2015, Guízar Valencia regresó a la escena política con el respaldo de su hermano, Armando Guízar Valencia La Zorra o El Z43 y ahora, en 2018, forma parte de los candidatos del PRD a gobiernos municipales.
Dentro de las listas de candidatos perredistas, que fue aprobada este lunes por el Comité Ejecutivo Estatal del PRD, también se encuentra el empresario Carlos Herrera Tello, quien busca la alcaldía de Zitácuaro, y ha sido acusado de operar una red de corrupción con sus empresas constructoras. En el Senado de la República, incluso, se aprobó un punto de acuerdo para realizar una auditoría a los municipios en los que Herrera Tello obtuvo contratos.
De acuerdo con el documento aprobado por el Senado en 2015, se presentó una denuncia ante la PGR en la que se señalaba al entonces candidato Carlos Herrera Tello –de nueva cuenta candidato en Zitácuaro– como operador financiero, socio y apoderado legal de la empresa Qualiti Construcción, SA de CV, por simular procesos de licitación en la asignación de obras públicas que derivaron en sobreprecios y mala calidad en las construcciones.
Asimismo se señaló que "la presunta red de corrupción de la que forma parte Carlos Herrera Tello no se limita a la asignación de obras públicas en Michoacán, se documentaron también sus lazos con el entoces jefe delegacional en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo (hoy candidato de Morena a ese mismo cargo), quien le entregó nueve contratos por más de 90 millones de pesos a empresas de su propiedad".
Otro "beneficiado" de Aureoles es Víctor Manuel Manríquez González, candidato en 2015 (y también en 2018) a la presidencia municipal de Uruapan, quien fue denunciado por el PRI, que exhibió un video, ante la FEPADE de haber comprado votos para su causa en 200 pesos.
Finalmente José Guadalupe Hernández Alcalá, candidato del PRD al gobierno municipal de Los Reyes, Michoacán, fue inhabilitado en 2015 durante un año por desvío de recursos en la Secretaría de Salud del estado.
Hernández Alcalá se amparó para no ser investigado en un proceso penal por el delito de malversación de fondos –peculado– y también para impedir que un consejo ciudadano investigara su gestión como funcionario público.
Derecho de réplica
Al respecto, Herrera Tello solicitó derecho de réplica a El Financiero. En el documento, el empresario precisó que aunque la PGR inició una investigación contra las firmas constructoras, en mayo de 2017 determinó que no había evidencias de irregularidades.
"La investigación dejó en claro que Carlos Herrera Tello no tiene relación y/o responsabilidad algunos con los dichos que se le vinculó", explicó en el documento que se muestra a continuación.