CIUDAD DE MÉXICO.- Respaldados por dos "candados constitucionales" y por acuerdos internos de la Junta de Coordinación Política como su máximo órgano de gobierno interno, los diputados federales "hacen y deshacen" con los recursos públicos, revelan exdirectores de Auditoría Interna de la Cámara de Diputados.
Aunque omiten sus nombres "por razones obvias de confidencialidad que implica haber ocupado este cargo en el Palacio Legislativo", detallan que "los resultados de las auditorías que se hacen y las observaciones que se obtienen, se clasifican como 'confidenciales' y sólo las pueden conocer los coordinadores parlamentarios y la propia Auditoria Interna".
"Una vez conocidas y cuando supuestamente se solventaron las observaciones, todas las pruebas documentales se destruyen físicamente. Son elementos secretos y no los conoce ni siquiera la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la que se le entrega sólo una parte de la información", añaden.
"Por ejemplo, la parte correspondiente a las subvenciones secretas de las coordinaciones de los grupos parlamentarios y la Coordinación de Comunicación Social –que maneja la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara– son las más protegidas y secretas", indican.
376 AUDITORÍAS EN 11 AÑOS
De acuerdo con los datos que se muestran públicamente en la página de Transparencia de la Cámara Baja, en un periodo de 11 años, entre 2003 a 2014, se registran 376 auditorías realizadas, de las cuales hubo mil 941 "observaciones determinadas", y se "solventaron" mil 829 de ellas, por lo quedaron pendientes de aclarar 112, según el último dato actualizado hasta el 17 de marzo de este 2015.
Sin haber posibilidad de consultar el contenido de ninguna de las observaciones hechas, de las que ya fueron solventadas ni de las que están pendientes de aclarar, las tablas informativas sólo indican que las auditorías realizadas son de tres tipos: Integrales y específicas, De seguimiento y Específicas, mismas que se aplican a Áreas Administrativas, a Grupos Parlamentarios y a áreas de Seguimiento.
Sobre las realizadas a los grupos parlamentarios se aclara que se revisan las subvenciones que reciben y señala que sólo en este apartado se efectuaron 155 auditorías; a todas las áreas administrativas en general se realizaron 176; y tan sólo a la Coordinación de Comunicación Social se le aplicaron 15 y otras 34 a las Comisiones Especiales. En 2014 se hicieron 71 revisiones y se registraron 137 observaciones, cuyo contenido no se da cuenta en los informes numéricos presentados. De ellas 15 fueron a los grupos parlamentarios, con 5 observaciones, 4 aclaradas y una pendiente de solventar.
Otras 34 fueron a las Comisiones Especiales, de las que registraron 68 observaciones, 51 se aclararon y 17 siguen pendientes. Dos se hicieron a la Coordinación de Comunicación Social, con 13 observaciones y sólo 12 pudieron ser aclaradas.
En 2013, a los grupos parlamentarios se les hicieron 14 auditorías de las que se derivaron 37 observaciones pero, según se indica, aclararon todas. A Comunicación Social se le aplicaron 2 revisiones con 12 observaciones, pero también todas aclaradas. Y a la Junta de Coordinación se le hicieron 2 auditorías con 6 observaciones, pero, sin problema, todas resueltas. Y en 2012, hubo 14 auditorías a los grupos parlamentarios con 8 observaciones aclaradas. Otras 2 a Comunicación Social con cinco observaciones aclaradas.
Los responsables de las revisiones detallan que entre las principales observaciones que se hacen destacan las facturas irregulares, la pérdida de muebles, autos y equipo de oficina, gastos excesivos no comprobados y pagos a nombre de personas ajenas a la Cámara.
Uno de los exdirectores generales de Contraloría de la Cámara de Diputados explica que los dos "candados" para garantizar la opacidad, "o confidencialidad" de los manejos internos del Legislativo se encuentran, primero, en el Artículo 70 de la Constitución. Y el segundo "candado", que es para limitar la intervención y alcances de la Auditoría Superior de la Federación en los terrenos internos del Legislativo se señala en el Artículo 24 constitucional.