Día clave para ley que busca tipificar a las 'factureras' como delincuencia organizada

La ley para combatir a las 'factureras' y empresas 'fantasma' llegará este martes al Pleno de la Cámara de Diputados para su votación, luego de que el lunes fuera aprobada, sin cambios, por las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia.

La votación del lunes se dio de la siguiente manera: 22 votos a favor, 3 en contra y una abstención por parte de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, mientras que por la Comisión de Justicia se registraron 11 votos a favor, 7 en contra y una abstención.

El dictamen se avaló con los votos a favor de Morena, PT, PES y MC; PAN, PRI, PRD y una diputada de Morena, en contra; y dos abstenciones del PES y de Morena.

La reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.

Este proyecto de decreto, señala, entre otras cosas, que a los ciudadanos acusados de delitos de defraudación fiscal y venta o compra de facturas falsas se les dicte prisión preventiva oficiosa y se considere como delincuencia organizada.

Además, tipifica como delito "la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados".

También propone una sanción de cinco a ocho años de prisión a quien por su propia cuenta o terceras personas, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes.

Prevé las mismas sanciones a todo aquel que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes.

Durante la sesión en comisiones, el diputado Carlos Valenzuela, del PAN, dijo que la consideración de aprehensión de empresarios no es solo los que sean 'factureros', y señaló que "lo dejaron muy abierto", por lo que corre peligro cualquier empresario que alguien con dolo le siembre una factura falsa y que pueda incurrir en un supuesto delito.

"Cuando uno de esto empresarios caigan y sea una medida de terrorismo fiscal, y no sea para empresarios de oposición, porque sí es así los empresarios sabrán quienes fueron los verdugos de este terrorismo fiscal", apuntó.

"Queremos saber porque queremos poner una reforma que va a disparar el delito de la evasión, habrá menos personas que quieran meter facturas por temor", agregó Valenzuela.

Mientras que la diputada Verónica Juárez Piña, dijo que "desde que discutimos la prisión preventiva oficiosa, el PRD fijó muy clara su postura, estamos convirtiendo la prisión preventiva oficiosa que debería ser una excepción en normalidad y eso me parece delicado".

Aleida Alavez, diputada de Morena, consideró que con la reforma antifactureras "se les acabó la fiesta a todos los que quisieron armar empresas y evadir al fisco, nos dejaron un Estado impune donde no había sanción alguna. Llegamos a una situación en la que tenemos que exacerbar medidas para lanzar la advertencia".

En contraste, Lorena Villavicencio, también de Morena, manifestó su preocupación porque el planteamiento de que la defraudación fiscal amerite prisión preventiva y se equipare con delincuencia organizada, es violatorio de la Constitución.

"Hubo un debate importante sobre ampliar el catálogo de delitos para prisión preventiva. En su momento no se incluyó la defraudación fiscal, tendríamos que modificar el Artículo 19 de Constitución.

Estamos desmantelando el sistema acusatorio que está sustentado en el principio fundamental constitucional que es la garantía de inocencia", expuso.

Por otro lado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha expresado que no están conformes con el dictamen para combatir a empresas fantasma que emiten facturas falsas.

"Vamos a seguir insistiendo en los puntos que consideramos faltan. Nos preocupa la protección al contribuyente, que no se sienta amenazado", señaló el sábado Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Previamente, el Pleno del Senado aprobó este dictamen.

-Con información de Zenyazen Flores y Víctor Chávez.