Diputados aprueban en comisión dictamen sobre consulta popular y revocación de mandato
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Diputados aprueban en comisión dictamen sobre consulta popular y revocación de mandato

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Diputados aprueban en comisión dictamen sobre consulta popular y revocación de mandato

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló introducir la revocación de mandato; este proceso se realizará el mismo día de la jornada electoral en 2021, en la que sólo se elijan diputados federales.

El dictamen sobre la consulta reduce de dos a uno por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal electoral como requisito para convocar a una consulta ciudadana.

Notimex
26/11/2018
Actualización 27/11/2018 - 0:13
Diputados.
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La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló en lo general con 17 votos favor, cuatro en contra y dos abstenciones el dictamen de la iniciativa de reformas constitucionales para modificar la figura de la consulta popular e introducir la de revocación de mandato.

El dictamen establece que la consulta o consultas populares se realizará una vez al año, el primer domingo de julio y será organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En tanto que el proceso de revocación de mandato se realizará el mismo día de la jornada electoral (en 2021) en la que sólo se elijan diputados federales y podrá ser solicitada ante alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión durante el primer periodo ordinario del segundo año de la legislatura.

En medio de la discusión de los artículos reservados, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a través de la diputada Claudia Pastor anunció que abandonaban la discusión en la Comisión para presentar sus reservas al pleno ante lo que calificó el avasallamiento de Morena, por lo que consideró inútil seguir en un desgaste y simulación.

Durante la sesión de más de cuatro horas y media de duración, los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano también abandonaron la sesión con los mismos argumentos.

Previamente, el panista Ricardo Villarreal García dijo que esperaban un milagro y se pueda cambiar una coma al dictamen.

El dictamen avalado en lo particular y general establece que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección.

Así como los principios consagrados en el Artículo 40 de la misma; la materia electoral; las tasas impositivas, sus bases y los montos del financiamiento público; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las fuerzas armadas, salvo las excepciones determinadas en la ley.

El dictamen que reforma 11 artículos constitucionales, reduce de dos a uno por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal electoral como requisito para convocar a una consulta ciudadana por parte de la población.

“El uno por ciento nos parece un porcentaje adecuado para solicitar una consulta; hay que abrir las puertas de la consulta, pero no hay que abrirlas solamente a los poderes, hay que abrirlas a la ciudadanía, de lo contrario no estaremos siendo consecuentes”, dijo morenista Pablo Gómez Álvarez.

Además, consideró que la consulta permitirá ser un instrumento para resolver controversias nacionales por la vía de la decisión popular, y no sólo por la decisión de la autoridad, la violencia o los desgarramientos.

Asimismo, Pablo Gómez propuso en el dictamen que no solamente se lleve a cabo una consulta al año, sino, si es preciso y así lo demanda la sociedad, se puedan realizar otras más con temas específicos y establecidos por el propio Congreso de la Unión, quien deberá definir la fecha para llevarlas a cabo.

A su vez, el diputado Horacio Duarte Olivares propuso una adición a la fracción novena del Artículo 35 constitucional, que tiene como fin definir una serie de procedimientos y requisitos en materia de revocación de mandato, tales como que sea convocada la consulta por el Congreso de la Unión; que se active a través del propio presidente de la República, una minoría parlamentaria de 33 por ciento de cualquiera de las dos Cámaras o al menos un porcentaje de al menos tres por ciento de ciudadanos inscritos en la lista nominal.

En el caso de que sean ciudadanos los que propongan esta figura, no tendría que ser aprobado por ninguna de las dos Cámaras legislativas; la periodicidad sería en el primer periodo ordinario del segundo año de la legislatura; la votación se realizaría en el día de la elección de la renovación de la Cámara de Diputados.

También propuso que la revocación del mandato sería vinculante cuando hubiera mayoría absoluta de los votos depositados en la urna y siempre y cuando concurran a esa votación al menos 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

El INE sería el organizador de ese ejercicio, en términos de sus facultades tanto para la verificación, en el caso de solicitud de los ciudadanos, requisitos de firmas y después para la organización y desarrollo de la votación y cómputos respectivos.

Además, Horacio Duarte planteó que se establezca el mecanismo para que las definiciones y las decisiones del INE puedan ser impugnadas en términos del sistema de justicia electoral.

Sería la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que emitiría la declaración de validez del proceso de revocación de mandato y su resultado final, señalando que en caso de que la definición de la votación sea con carácter revocatorio, el presidente de la República cesará sus funciones al día siguiente y se aplicaría el Artículo 84 de la Constitución.

Se establecería también el procedimiento y las causales de nulidad de la revocación del mandato, y que las leyes desarrollen lo conducente al procedimiento de revocación de mandato.

El dictamen indica que el cargo de presidente puede ser revocado en los términos establecidos en la Carta Magna.

Subraya que el presidente de la República podrá ser destituido por el pueblo mexicano una vez transcurrida la mitad de su mandato, a través de la consulta popular con carácter de revocación de mandato.

En caso de destitución del presidente, y una vez comunicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera oficial el resultado al Congreso, si se encontrase en sesiones, cuando menos las dos terceras partes del total de sus integrantes, se constituirá en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos un presidente interino, de acuerdo con la ley del Congreso.

El Congreso expedirá dentro de los 10 días siguientes dicho nombramiento, y la convocatoria para la elección del oresidente que deba concluir el periodo respectivo, en un plazo no mayor a seis meses ni menor de tres.

En el dictamen se especifica que los gobernadores de los estados no podrán durar en su encargo más de seis años. Las constituciones estatales establecerán que se realice la consulta de revocación del mandato en un proceso democrático para que los ciudadanos expresen su opinión sobre la permanencia o no del mandatario en su cargo, y se llevará a cabo en el tercer año del periodo para el cual fue electo.

Deja en claro que durante un periodo de gobierno sólo procederá una consulta sobre revocación del mandato y la legislación electoral local fijará los procedimientos para celebrarla.