COLIMA.- El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) de Colima reportó que la pasada administración estatal, que encabezó Mario Anguiano Moreno, desvío por más de 2 mil 119 millones de pesos.
La auditoría excepcional de los años 2013, 2014 y 2015, integrada en 155 fojas, tuvo el objetivo de exponer el desvío de recursos para fines distintos a los autorizados en el Presupuesto de Egresos y la simulación de reintegros a fondos federales.
El informe, que fue entregado a la Comisión de Hacienda del Congreso del estado, reportó que el desvío más grande fue detectado en el rubro de servicios personales, donde fueron encontrados mil 867 millones de pesos, que originalmente fueron presupuestados para obra pública.
La auditoría también refleja que se registró una simulación de reintegros de fondos federales por el uso irregular de recursos durante los tres años auditados, esto por 242 millones 839 mil pesos.
Aunado a ello, se detectaron gastos en alcohol, viajes y comidas no autorizadas por un monto de 6 millones 578 mil pesos por parte del despacho del gobernador.
Sobre el tema de Seguridad Pública, se observó que se gastaron 2 millones 632 mil pesos en cursos de capacitación que nunca fueron realizados.
El órgano fiscalizador propone inhabilitar para ocupar cargos públicos al exmandatario colimense hasta con 14 años, así como una sanción por 65 millones de pesos.
Aunado a ello, se propuso inhabilitar a colaboradores del exmandatario, como Jesús Orozco Alfaro, exsecretario de Administración; Rafael Gutiérrez, exsecretario General de Gobierno; Isabel Ávalos, exsecretaria de Finanzas; Rigoberto Salazar, exsecretario de Desarrollo Social; Clemente Mendoza, exsecretario de Finanzas; René González, excoordinador de Comunicación Social; Raúl Pinedo, exsecretario de Seguridad Pública, y Gustavo Allen, exintegrante de esta última secretaría.
Al respecto, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez sostuvo que hará todo lo que compete a sus facultades para evitar que existan actos de corrupción, y advirtió que los exfuncionarios que hicieron un uso inadecuado de los recursos públicos pagaran las consecuencias que la ley establece.