CIUDAD DE MÉXICO.- La desaparición de personas es uno de los mayores retos en materia de derechos humanos que enfrenta el Estado mexicano, reconoció el presidente Enrique Peña Nieto.
El mandatorio promulgó este jueves la Ley General de Desaparición ante miembros de organizaciones de la sociedad civil.
En el acto, realizado en salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, el Ejecutivo aseveró que esta ley marcará un antes y un después.
"La promulgación de esta ley es un paso de gran trascendencia, es un acto que fortalece la justicia, al reconocer que la desaparición de personas es uno de los mayores retos en materia de derechos humanos que tenemos como Estado y da herramientas para combatir la impunidad y defender los derechos de las víctimas y de sus familiares", dijo.
De acuerdo con el presidente de la República, esta promulgación es también un acto que promueve la verdad y al mismo tiempo establece procedimientos e instituciones para que el Estado busque activamente de manera coordinada a las personas desaparecidas o no localizadas.
"Es un acto que fortalece la seguridad pública, al establecer políticas, instrumentos y normas para prevenir la desaparición de personas", agregó.
El acto fue cerrado a los miembros de la prensa, sin embargo, la organización "Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México" lo transmitió en vivo en su cuenta de Facebook.
"¡Hijo, escucha, tu madre esté en la lucha!, se escuchó luego de que el presidente de la República firmó el decreto de promulgación de la ley.
Los miembros de la sociedad civil, por su parte, exigieron al mandatario una agenda de trabajo para la implementación de esta ley.
Así, solicitaron que en la implementación se priorice la creación y consolidación de la Comisión Nacional de Búsqueda, así como la constitución de órganos para la participación activa de las familias.
Pidieron, de igual manera, la creación de fiscalías especializadas, el mejoramiento de servicios forenses, y la creación de plataformas tecnológicas funcionales y protocolos integrales.
Las organizaciones demandaron, además, garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas y la declaración especial de ausencia por desaparición, así como que se reconozcan las competencias del Comité de la ONU contra desapariciones forzadas y se cumplan compromisos internacionales.
Asimismo, consideraron que los estados del país deben comprometerse a implementar la ley y otorgarle a esta el presupuesto suficiente.