El diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Víctor Hugo Romo Guerra acompañó a Heriberto Jara Castro, ex empleado del a delegación Miguel Hidalgo, a presentar una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), contra Xóchitl Gálvez y quienes resulten responsables por la destrucción de documentación oficial de la delegación Miguel Hidalgo.
Jara Castro aseguró que presentó la denuncia porque cuando era empleado de esa demarcación intentaron obligarlo a triturar documentos oficiales y fue testigo de cuando en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), fueron destruidos papeles con número de folio que se entregan a ciudadanos, una vez que presentan sus quejas y demandas de servicios en la demarcación.
El denunciante aseguró que renunció un día después de que su jefa inmediata le diera la orden de destruir documentos oficiales. "En enero pasado, por instrucciones de Arne y directamente de la jefa delegacional –me dijo mi jefa inmediata- hay que destruir documentación que me iban a indicar de la administración pasada, pero me rehusé porque es un ilícito y presenté mi renuncia", relató el denunciante.
Agregó que "fue hasta mayo cuando acudo a ver lo de mi finiquito y fui directamente con mi jefa, entro a la oficina de CESAC. En ese lugar presenció la destrucción de la misma documentación oficial que previamente me habían solicitado triturar", agregó Heriberto Jara, quien acopió fotos de su dicho, entre otras pruebas.
Por su parte, Víctor Romo calificó de "deplorable e irresponsable el actuar de los mandos delegacionales Xóchitl Gálvez y del ex city manager, Arne aus den Ruthen, el ordenar destruir información oficial con fines políticos y de culpar de inacción a la anterior administración.
Se trata –dijo- de la destrucción de documentación con número de folio (órdenes de servicio) que sustentan peticiones de servicios solicitados por los ciudadanos, lo que es una falta grave, aseguró Romo, porque desaparecen las demandas impunemente.
Refirió que los responsables quebrantan la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, capítulos I y II, que señala que deben "salvaguardar honradez, imparcialidad y eficiencia".