Denuncian a Fiscalía de Baja California ante CEDH
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Denuncian a Fiscalía de Baja California ante CEDH

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Denuncian a Fiscalía de Baja California ante CEDH

bulletLa empresa gasera Blue propane, a principios de 2016, inició una batalla para romper el monopolio del gas en Baja California al intentar instalarse en la ciudad de Tijuana.

Redacción
18/05/2020
Sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California
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La Fiscalía General de Justicia de Baja California (FGJE) fue denunciada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por violentar el principio de inocencia y los principios de debido proceso en perjuicio de la empresa expendedora de gas LP, Blue Propane, que a principios de 2016 inició una batalla para romper el monopolio del gas en Baja California al intentar instalarse en la ciudad de Tijuana.

En la queja 378/2020 que fue admitida por la CEDH, la empresa señala actuación dolosa de la autoridad ministerial, “quien ha parcializado su actuar haciendo señalamientos sin sustento alguno, asegurando que Blue Propane “obtuvo de manera ilícita” los permisos para operar sus estaciones en la ciudad fronteriza, situación que resulta falsa, toda vez que el grupo gasero cumplió con las normas oficiales de seguridad y obtuvo todos los permisos federales de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Marco Antonio Téllez Sagrestano, vocero y abogado de la empresa, explicó que “el ministerio público basa sus determinaciones prejuzgando y señalando la 'violación' de una moratoria inconstitucional que pasa por encima de la Constitución y las leyes federales adoptada por el Ayuntamiento de Tijuana haciendo un uso pernicioso del objeto de la averiguación previa”.

“Es preocupante que, además de parcializar una investigación con fines proteccionistas a un grupo empresarial que mantiene un monopolio, la Fiscalía de Baja California ha emprendido una serie de acciones legales que rayan en terrorismo judicial, puesto que utilizan la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales para amedrentar a los arrendadores con los que Blue Propane mantiene una relación contractual”, señaló.

El abogado explicó que la Autoridad Ministerial emitió un Acuerdo de Aseguramiento de cada una de las 10 estaciones de servicio pasando por alto lo señalado en los Artículos 138, 153, 154, 155 fracción III, 156, 157, 158, 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que indica que esa determinación no puede ser tomada por el Ministerio Público, ya que como lo precisa el artículo 157 del CNPP sólo el Juez de Control es el único facultado para emitir una determinación como el aseguramiento de un inmueble.

“El terrorismo judicial consiste en utilizar el poder del Estado para amenazar y amedrentar a los ciudadanos para alterar una investigación en proceso, y hoy vemos con preocupación que el C. Arturo Robles Tovar, titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, hace uso de esos mecanismos que violentan el derechos de presunción de inocencia y de debido proceso, con evidente intención de generar dilaciones procesales, exhibir como culpable a la empresa y buscar todas las formas posibles que impidan llevar una continuidad en la defensa”, argumentó.

El vocero de la empresa explicó, además, que, a la fecha, el denunciante ha incumplido con la obligación de probar lo que dice, lo anterior en razón que no ha aportado un sólo elemento que soporte su acusación, acción contraria a lo previsto en el artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Sánchez Sagrestano puntualizó que la autoridad no ha dado el valor probatorio a las pruebas que ha ofrecido la empresa como parte de su defensa, dejando en un serio estado de indefensión y violentando el principio de igualdad ante la ley prevista el Artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos penales, en perjuicio de Blue Propane.