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CHIHUAHUA.-La Auditoría Superior del Estado denunció a diversos exfuncionarios del gobierno de César Duarte por las irregularidades por más de 300 millones de pesos encontradas en la construcción de la sede del Tribunal Superior de Justicia, considerada la obra más emblemática del exmandatario priísta.
El reporte de la instancia señala que quienes intervinieron en el proceso de construcción habrían cometido delitos que van desde irregularidades en los procesos de licitación, actos simulados, compras a sobreprecio, entre otros.
La denuncia se interpuso con base en las observaciones encontradas en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016. Así lo informó el auditor especial de Normatividad y Seguimiento, Jesús Raymundo Mata.
Dichas irregularidades fueron presentadas a diputados del Congreso del Estado, quienes giraron la instrucción de dar parte a las autoridades para que continúen con las investigaciones.
La obra fue presupuestada en un inicio con una inversión de 500 millones de pesos, pero, conforme avanzó, su costo se elevó a más de mil 900 millones de pesos, monto final dado a conocer el día de su inauguración por el presidente Enrique Peña Nieto en octubre de 2015.
Este Centro de Justicia fue catalogado por el entonces gobernador Duarte como la "obra magna de su sexenio", pero a los pocos meses de entrar en funciones mostró serias fallas, que fueron atribuidas a la mala calidad de los materiales con que se construyó.
El edificio es considerado el más grande en su tipo en América Latina, se construyó en una superficie de cuatro hectáreas en una céntrica zona conocida como "Barrio San Pedro", tiene una extensión de 42 mil metros cuadrados y consta de tres edificios, el principal que ocupa las oficinas de los magistrados y el área administrativa, es de diez pisos de altura.
Raymundo Mata explicó, al momento de entregar el expediente con la denuncia a la Fiscalía General del Estado, que estos 300 millones de pesos son parte de las observaciones que se señalan y que los funcionarios de entonces no lograron solventar.
Explicó que el Informe Técnico de Resultados estableció que se encontraron elementos suficientes que indican la presencia de irregularidades cometidas por diversos servidores públicos, que incumplieron con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, con independencia de sus deberes y derechos laborales.