Corte invalida acuerdo del Congreso de NL para sancionar a 'El Bronco'

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este miércoles el acuerdo del Congreso de Nuevo León con el que se buscaba la destitución del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, por el uso de recursos públicos para lograr en 2018 su candidatura independiente a la presidencia de la República.

Por mayoría de tres votos, y con la oposición de las ministras Margarita Ríos y Norma Piña, se declaró la inconstitucionalidad del acuerdo aprobado el 23 de septiembre de 2019 por el Congreso de Nuevo León.

Los ministros establecieron que Congreso local no estaba en condiciones para generar el Acuerdo "Reglas procesales para aplicarse dentro del expediente 11841/LXXIV en cumplimiento de la sentencia SRE-PSC-153/2018, emitida por la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)".

Dicho Acuerdo incluyó las reglas procesales para sancionar al titular del Ejecutivo local, según la sentencia del Tribunal Electoral quien acreditó que el gobernador hizo uso de recursos públicos con fines electorales.

A propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara, la Primera Sala resolvió que en este caso no aplican las sanciones administrativas o penales, sino el juicio político a nivel federal, el cual debe pasar por las Cámaras del Congreso de la Unión.

En votación expréss y sin discusión de por medio, los ministros aprobaron, por tres votos a dos, el proyecto del ministro González Alcántara quien calificó de procedente y fundada la controversia constitucional 310/219 promovió Rodríguez Calderón.

Según la sentencia, la legislatura local violó la ley porque creó un "novedoso procedimiento" especial para sancionar al mandatario.

Destaca que la conducta acreditada por el TEPJF contra el gobernador fue el uso parcial de recursos públicos para lograr la candidatura a la Presidencia de la República por la vía independiente.

Por ello, precisó, no se pueden utilizar las reglas del sistema de responsabilidad penal, como lo hizo el Congreso de Nuevo León, porque no se dan los supuestos constitucionales para que el legislativo local ejerza sus facultades en esa materia.

En el proyecto aprobado se señala que el Congreso local aún puede "regularizar el proceso de atribución de responsabilidades" con base en los lineamientos del TEPJF y apegado a la Constitución federal.

La decisión se toma a dos años de la elección presidencial de 2018 y a 14 meses de que concluya el periodo de gobierno de Rodríguez Calderón.