Corte desecha impugnaciones contra Ley de Seguridad Interior
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Corte desecha impugnaciones contra Ley de Seguridad Interior

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Corte desecha impugnaciones contra Ley de Seguridad Interior

bulletLas impugnaciones que rechazó el ministro Jorge Pardo fueron las presentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

David Saúl Vela
08/02/2018
Actualización 08/02/2018 - 15:53
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CIUDAD DE MÉXICO.- Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechó por “notoriamente improcedentes” la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional que interpuso la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco contra la Ley de Seguridad Interior.

En el primer caso, el ministro estableció que, si bien los organismos estatales de derechos humanos están legitimados para interponer acciones de inconstitucionalidad, el artículo 105 de la Constitución, establece que pueden hacerlo sólo contra leyes expedidas por las legislaturas locales.

Con base en dicho criterio, el acuerdo del ministro Pardo publicado este jueves, advierte que “es evidente que dicho órgano carece de legitimación procesal activa para promover la presente acción de inconstitucionalidad”.

Por lo que toca a la controversia constitucional, dijo que la demanda es improcedente porque la Comisión Estatal Derechos Humanos Jalisco no es una entidad, poder u órgano de gobierno de los contemplados en el artículo 105 de la Constitución, legitimados para recurrir a este medio de control constitucional.

“No existe en el artículo 105 de la Constitución General, ningún supuesto que contemple la promoción de una controversia constitucional por parte de una comisión estatal de derechos humanos en contra de alguno de los Poderes de la Federación”, indica el acuerdo.

Hasta ahora, el ministro ha admitido a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados, senadores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

También se han admitido las controversias constitucionales presentadas por los ayuntamientos de Cholula, Puebla, y Parral de Hidalgo, Chihuahua.

En todas ellas se demanda invalidar diferentes disposiciones de la Ley de Seguridad Interior, promulgada por el Presidente de la República y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre del 2017.