Congreso mexiquense exhorta a fiscalía para que libere a activistas
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Congreso mexiquense exhorta a fiscalía para que libere a activistas

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Congreso mexiquense exhorta a fiscalía para que libere a activistas

bulletEl Congreso aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de Justicia estatal desista de la acción penal contra indígenas nahuas de Tenango del Valle, presos desde hace 15 años.

Eulalio Victoria | corresponsal
27/01/2019
Congreso del Estado de México.
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TOLUCA.- Por unanimidad de votos, el Congreso mexiquense aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México desista de la acción penal contra indígenas nahuas de la comunidad de San Pedro Tlanixco, del municipio de Tenango del Valle, quienes desde hace 15 años fueron condenados a prisión preventiva oficiosa.

La propuesta, presentada por el diputado Max Correa Hernández, incluye que las autoridades competentes ordenen la liberación de los comuneros nahuas defensores del agua Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozabal, Marco Antonio Pérez González, Pedro Sánchez Berriozabal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles.

Se solicita además que cesen las investigaciones en contra de indígenas considerados como presuntos implicados.

El legislador de Morena argumentó que en 2003 los indígenas fueron acusados injustamente de homicidio por oponerse a la explotación del agua por parte de empresas floricultoras transnacionales y, desde ese día, son reos en el penal de Almoloya de Juárez.

“Los comuneros presos políticos ya han sufrido quince años en 'prisión preventiva oficiosa', en un proceso penal plagado de injusticias marcado por las violaciones al debido proceso y violaciones a sus derechos indígenas, condenándolos a la infame sentencia de 50 años de prisión”, señaló el diputado.

Argumentó que, de acuerdo a la oficina de Derechos Humanos de la ONU, “la prisión preventiva oficiosa puede ser una medida que las autoridades utilicen para anticipar la imposición de penas y emplear las herramientas del derecho penal para fines ilegítimos, como la represión de movimientos sociales, manifestaciones públicas, ataque a activistas y personas defensoras de derechos humanos, u opositores políticos”.

Detalló que, entre los artificios legales que la autoridad judicial utilizó para privarlos de su libertad, se encuentra el supuesto testimonio de un “niño pastor”, de quien nunca se comprobó su existencia.

Asimismo, confirmó que la sentencia contra los indígenas se sustenta en falsas declaraciones, como la que señala de homicidio a un líder indígena que falleció un año después de los hechos; además, señaló que a uno de los inculpados, quien tiene discapacidad para caminar y utiliza muletas, se le acusa de haber pateado al occiso.

Durante el primer periodo extraordinario de sesiones, el legislador explicó que ante este caso, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas expresó su preocupación tras identificar violaciones al derecho a la presunción de inocencia, la indebida valoración de las pruebas, la deficiente individualización de las penas y la excesiva duración de la prisión preventiva.

Agregó que de acuerdo a la Organización Defensora de Derechos Humanos 'Zeferino Ladrillero' existen más presos políticos que padecen un sistema de justicia penal que entorpece su libertad, la dificulta, y que responde a una consigna meramente política con tal de mantenerlos tras las rejas.

Estos casos de presos políticos privados de su libertad en el Estado de México por defender derechos humanos son José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del Frente mexiquense en defensa para una vivienda digna A.C.

Beatriz Pérez Flores, Cutberto Vilchis García, Miguel Ángel Vilchis García, Miguel Ángel Vilchis Zarza, Fermín Esquivel Rojas, Daneyra Kikey Becerril Villavicencio, Yuriko Maribel Becerril Villavicencio y Francisco Miguel Ceballos Vargas, representantes e integrantes de los bienes comunales de Salazar, ubicados a un lado del Parque Nacional La Marquesa.