El Congreso de la Ciudad de México aprobó las reformas a la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la capital, con la que le deja la responsabilidad al gobierno local de nombrar a 190 contralores internos.
Durante una discusión que ocupó una hora y media de la sesión ordinaria, sólo los integrantes de Morena se dedicaron a defender el dictamen que, aseguraron, fortalece el entramado jurídico del Sistema Anticorrupción y consolida la transparencia en las instituciones.
El presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, Carlos Castillo Pérez, explicó que en este dictamen se establece que la persona titular de la Contraloría General se mantendrá en su cargo seis años, sin posibilidad de ser ratificado.
Para lograr ese puesto, deberá acreditar experiencia mínima de tres años en materia de transparencia; gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito doloso que amerite pena corporal de más de un año de prisión, o estar sujeto a proceso penal.
En el dictamen se especifica que será la jefatura de gobierno la que envíe la terna al Congreso capitalino y ahí se resolverá quién será el próximo contralor capitalino.
El tema en el que la oposición hizo énfasis y que rechazó fue que los diputados no fueran los que nombraran a quienes encabezarán los órganos internos de control, quienes podrán estar por un periodo de cuatro años, con posibilidad de ser ratificados por un periodo más.
Al respecto, el diputado Federico Döring recordó que Claudia Sheinbaum, calificó como un "elefante" el dictamen que en ese entonces se preparaba sobre las mismas reformas que se presentaron este martes.
En tanto, Christian von Roehrich, presentó una reserva para modificar al primer párrafo del Artículo 16 de la ley, la cual evita invadir competencias legislativas y respeto a la facultad del Congreso para nombrar contralores, y la cual fue rechazada.
"Se rompe el espíritu del Sistema Local Anticorrupción, que es precisamente el combate a la corrupción, permitiendo practicas retrogradas para fomentar el compadrazgo político, si se excluye al Congreso del proceso de nombramientos, quitan facultades al Poder Legislativo", dijo.