CIUDAD DE MÉXICO.- Agustín Antonio Padrés, primo hermano del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, y quien fue subdirector adscrito a la Dirección General de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Educación y Cultura del estado (SEC), defraudó al menos a 45 personas al venderles plazas magisteriales fantasma hasta en 120 mil pesos, según el expediente del que tiene una copia El Financiero.
El primo del exgobernador es prófugo de la justicia, que lo busca por la venta de las plazas laborales de maestro, prefecto y conserje.
Padrés organizó una red de al menos cinco, cuatro maestros y una secretaria, de los cuales sólo dos fueron aprehendidos y actualmente están encarcelados. Los demás están prófugos de la justicia.
"Mi padre llevaba consigo los 40 mil pesos en efectivo y yo llevaba mis documentos personales", declaró Diana Rosario Alaniz, ante el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal, Arnaldo Ramírez.
Ella "escogió" una plaza de prefecta en el Cobach Norte, de Hermosillo, Sonora. "Agustín Antonio Padrés (que siempre vestía con una camisa blanca y en ella bordados el escudo de la SEC y su nombre), me pidió mis papeles, los cuales mandaría a la SEC; mi padre le hizo entrega de los 40 mil pesos…"
Padrés la citó 15 días después en el patio interior de la SEC, "traía consigo dos oficios, los cuales me pide que los firme, pues eran para solicitar mi base al secretario de Educación y Cultura… en ese momento le hice entrega a Agustín Antonio Padrés de la cantidad de 20 mil pesos en efectivo…"
Después de 20 días, Diana Rosario acudió nuevamente con Padrés, quien le entregó su "nombramiento". Le dijo que se presentara a trabajar el 28 de enero de 2013… "Me presenté a mi trabajo y me entrevisté con la directora, quien al ver el nombramiento me dijo que iba a llamar a Recursos Humanos, porque no le habían avisado nada de mí…" Así, Diana Rosario se dio cuenta de que la habían defraudado. Ese era el modus operandi.
De acuerdo con las declaraciones judiciales de los dos profesores encarcelados, fueron más de 45 las personas defraudadas, aunque sólo 18 presentaron denuncia penal y acudieron ante el juez a declarar en contra de los defraudadores.
De acuerdo con el juez, "la afectación patrimonial asciende aproximadamente a la cantidad de un millón 213 mil pesos, mismos que obtuvieron ilícitamente".