CIUDAD DE MÉXICO.- Sin licitación pública de por medio y sin la autorización expresa de su Comité de Adquisiciones, la Secretaría de Gobernación compró mil patrullas (500 autos sedán y 500 camionetas) para la Policía Federal y la Gendarmería.
Pero lo peor, es que una parte del equipamiento con el que fueron dotados estos vehículos no cumple con las especificaciones técnicas de funcionamiento, con lo que, de acuerdo con expertos consultados por El Financiero, "se pone en grave riesgo a los elementos policiacos que patrullan el país".
Derivado de la compra directa de estos vehículos se firmó el contrato SEGOB/PF/SG/DGRM/C0103/2014 a favor de las empresas Crymex, SA de CV y Vesa Automotriz, SA de CV (antes la proveedora).
Si bien es cierto que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Administración Pública Federal permite diversas excepciones a los procedimientos de licitación pública –como la invitación restringida a cuando menos tres empresas o incluso la adjudicación directa–, también lo es que estas excepciones están perfectamente reglamentadas, y, para su utilización, es necesario cubrir requisitos únicos e ineludibles que acrediten transparencia y apego a la ley.
De esta forma, para el caso específico de la adquisición de estos mil vehículos, pese a que hubiese estado fundamentada en cuestiones de seguridad pública, resultaba indispensable la autorización del Comité de Adquisiciones de la propia dependencia. Pero ésta no existe, con lo que se puede afirmar que la compra de estas mil patrullas fue irregular.
POLICÍAS EN RIESGO
Como parte de la adquisición de estas mil patrullas, la Policía Federal ordenó la instalación de equipos de radiocomunicación con una tecnología denominada Tetrapol, misma que funciona enlazada a la red denominada IRIS. También ordenó la instalación de radios VHF.
Sin embargo, El Financiero consultó a un especialista en el tema de la radiocomunicación –que pidió reservar su nombre, puesto que su empresa participa en algunas licitaciones federales–, quien aseguró que la red IRIS es absolutamente obsoleta, "pues fue desarrollada en los años 80".
Señaló que la tecnología Tetrapol –cuyo único usuario en el mundo es México–, también es una arquitectura ya muy rebasada en casi todo el mundo.
Señaló que, "con estos equipos sí se pone en riesgo la seguridad de los elementos policiacos. Por ejemplo, en la emboscada en la que murieron cinco elementos de la Gendarmería el pasado día 19 en Jalisco, tal vez no se hubiera podido salvarles la vida, pero sí se hubiera podido reaccionar a tiempo y detener a los delincuentes si se hubiera utilizado una tecnología más adecuada a nuestro país".
LA COSTOSA (Y PELIGROSA) SOLUCIÓN
Ante la frecuente incomunicación que sufren los elementos de la Policía Federal y de la Gendarmería, la Secretaría de Gobernación decidió instalar en cada vehículo un teléfono satelital.
Sin embargo, estos aparatos tienen dos grandes problemas: el costo del servicio es muy elevado. De acuerdo con información proporcionada por la propia Policía Federal, a las 150 patrullas modelo 2013 (a las que por problemas de comunicación también se les instalaron estos aparatos satelitales), se pagaron, en el periodo mayo-septiembre de 2014, cuatro millones 270 mil 466 pesos.
Para octubre de ese mismo año se pagaron seis millones 405 mil 387 pesos y ya para noviembre el costo del servicio ascendió a nueve millones 9 mil 524 pesos, lo que, nuevamente de acuerdo con el especialista consultado, es un enorme gasto por una tecnología que tampoco resuelve el problema de incomunicación.
El segundo inconveniente de los equipos satelitales es el riesgo que representan para los usuarios, pues la antena de estos teléfonos fue instalada en el interior de los vehículos. De acuerdo con las especificaciones de las antenas se advierte que el usuario debe estar alejado al menos cinco metros de ésta, pues emiten radiación dañina para el ser humano.
Finalmente, para la entrega de estas mil unidades, no hubo ceremonia oficial de entrega, por lo que no hay registro fotográfico del Presidente de la República ni del secretario de Gobernación.
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LA AUTORIDAD YA LO SABÍA
Sin embargo, la compra irregular de patrullas es un hecho que no le resulta nuevo al auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal ni a Julián Olivas Ugalde, encargado del despacho de la SFP, quienes, desde 2013, mediante una denuncia ciudadana, se les alertó de lo que sucedía con estas compras.
Esto de acuerdo con el oficio AQ/17/5827/2013, firmado por Jessica Jaqueline García Mosqueda, titular de Quejas de la PGR, y dirigido al contralor de la Policía Federal, en el que le da vista "de hechos presumiblemente irregulares de servidores públicos de la PF encargados de la adquisición de patrullas".
De igual forma, la funcionaria de la PGR solicitó, mediante el oficio número AQ/17/5767/2013, realizar una investigación sobre este caso al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Alberto Bazbaz Zacal. Sin embargo, ninguno de los destinatarios de estos oficios realizó investigación alguna y, prueba de ello es esta nueva adquisición de los mil vehículos y equipos que, coincidentemente, fueron vendidos por las empresas propiedad del Grupo Automundo, SA de CV, además de Ameesa y EADS Casiidean, los mismos que rentaron las actuales patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
CERO TRANSPARENCIA
Mediante la solicitud 0413100006015 se pidió a la Policía Federal, por medio de Infomex, el expediente completo del contrato mencionado arriba para la compra de los mil vehículos. La respuesta llegó el 12 de marzo de este año y en ella se establece que "se reserva la información por 12 años".
Como explicación a esta reserva se señala que "dar a conocer información concerniente a la cantidad de vehículos o hacer público el contrato por el que se detallan características técnicas con que cuenta la Policía Federal en cada entidad federativa, así como los sistemas de seguridad y el tipo de tecnología con que cuentan estos vehículos, implica hacer público el estado de fuerza y capacidad de reacción de este Órgano Administrativo Desconcentrado, al tiempo que se podrían ocasionar daños".
Esta respuesta resulta peculiar, pues en la solicitud 0413100087014, del 5 de enero de este mismo año, se pidió exactamente la misma información, pero de los vehículos adquiridos mediante el contrato SG/PF/CNS/058-A/2013 correspondiente a la compra de 150 patrullas modelo 2013 y anteriores, la respuesta fue positiva y se otorgó toda la información que se requirió.
De aquella información sobresale el hecho de que para esta adquisición de las 150 patrullas no se elaboraron estudios de mercado para una mejor compra.