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Comité ciudadano del SNA presenta amparos contra sistemas locales

Con esta acción, se busca obligar a las entidades a homologar sus leyes con la Ley General Anticorrupción y apurar en la asignación de presupuestos y cumplir con la proporción de ciudadanos en los sistemas locales.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción interpuso dos amparos contra los sistemas locales para obligar a los Congresos estatales a adecuar sus leyes con la Ley General Anticorrupción.

En conferencia de prensa, los integrantes del comité, presidido por Jaqueline Peschard, explicaron que este lunes, promovieron dos juicios de amparo ante juzgados de Distrito Federales de la Ciudad de México.

El primero es contra los sistemas locales anticorrupción por distintas irregularidades como que no se hayan emitido las leyes locales, en caso como Chihuahua y Veracruz, o por la falta de asignación de presupuestos, o por los nombramientos del comité de participación ciudadana, fiscal y magistrados anticorrupción que deben adecuarse a los reglamentos generales.

Este amparo fue turnado al juzgado cuarto de distrito en Materia Administrativa, por el juez Juan Pablo Gómez Fierro, del que se espera una respuesta este jueves.

El segundo amparo es contra las leyes locales de responsabilidades administrativas, las cuales no están homologadas con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

"En el sector público, federal, estatal y municipal no existe coincidencia sobre este tema. Tampoco en el gremio profesional de los abogados. Ese debate repercute en los funcionarios públicos y en los particulares que operan con ello al desconocer con certeza cuál es la legislación aplicable", señaló Peschard.

Este recurso fue turnado al juzgado Décimo Sexto en Materia Administrativa, a cargo del juez Ricardo Gallardo Vera, del cual se espera una respuesta entre jueves y viernes.

"Vale la pena remarcar que estos juicios de amparo no los estamos implantando como una facultad, una atribución, una posibilidad que nos da la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Este amparo lo estamos intentando como una vía institucional que nos proporciona la Constitución", explicó Luis Manuel Pérez de Acha.

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