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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a los titulares de la Secretaría de Salud (SSA), Jorge Alcocer Varela; del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez Cázares, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, adoptar medidas cautelares para garantizar el derecho a la protección a la salud de la población, respecto a los centros en que se pudiera ver alterado su funcionamiento por los problemas que enfrentan los médicos residentes.
A través de un comunicado, el organismo autónomo expresó su preocupación por la situación que enfrentan médicos residentes en instituciones de salud públicas y privadas ante la falta de pago salarial, los descuentos en sus percepciones y la falta de claridad en la figura jurídica del médico residente, además, solicitó a las autoridades atender las inconformidades planteadas por quienes integran la Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR).
Lo anterior, tras el anuncio de la ANMR del inicio, a partir del lunes pasado, de una "asamblea académica", la cual se extenderá hasta que las autoridades de Salud cumplan con sus demandas.
La CNDH recordó que el artículo cuarto constitucional dispone que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y demanda la observancia de elementos esenciales que garanticen servicios médicos.
En el comunicado se menciona que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido en criterio jurisprudencial que el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles se entiende como la exigencia de que sean apropiados médica y científicamente.
De acuerdo con datos de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, compartidos por la CNDH, este año se ofertaron ocho mil 333 plazas para médicos mexicanos y 488 para médicos extranjeros, distribuidas en 27 especialidades, de las cuales se asignaron en su totalidad para médicos locales y solo 213 para extranjeros.
Además, el organismo señaló que el Diagnóstico General del Sistema Nacional de Salud refiere que todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud cubren en conjunto 83 por ciento de la población total de México, equivalente a casi 98 millones de personas.
Aunado a lo anterior, se debe señalar que existen vacíos legales de la figura jurídica del médico residente, ante ello, la CNDH considera prioritario, en su caso, adecuar y concluir la revisión del proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM PROY-NOM-001-SSA3-2018, Educación en salud, para la organización y funcionamiento de residencias médicas en establecimientos para la atención médica.
Pide respecto a consultas indígenas
Por otro lado, la CNDH advirtió sobre la afectación que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como consecuencia de los proyectos de explotación de recursos naturales, del desarrollo inmobiliario, turístico e industrial que invade sus terrenos y desplaza a sus habitantes, así como la la existencia misma de los pueblos originarios, que está en peligro de no garantizarse el pleno disfrute de todos sus derechos humanos, en especial a la consulta.
En otro comunicado, la CNDH sostuvo que la falta de consulta es un hecho de discriminación racial, por motivos étnicos, de género, edad, lengua, religión o cualquier otra condición, por lo cual, si los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos no son tomados en cuenta para la planeación y ejecución de políticas, planes, proyectos o modificaciones legislativas que les afecten, sus demás derechos están en riesgo de ser vulnerados.
El ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que el Estado mexicano no debe promover explotación de recursos naturales, ni implementar políticas públicas en favor del empresariado y en detrimento de la consulta de pueblos indígenas y afromexicanos; ni se les puede privar de bienes comunales y colectivos como minerales, plantas medicinales, agua y bosques.
Al participar en la inauguración del Seminario Internacional Alta Formación sobre el Derecho a la Consulta y al Consentimiento Previo, Libre e Informado de las Comunidades, Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, demandó propiciar el derecho a la consulta frente a proyectos o construcción de parques eólicos, presas, carreteras, gasoductos, fraccionamientos, y por la explotación minera, para contribuir a que los tres órdenes de gobierno garanticen la celebración de consultas previas con los pueblos indígenas sobre las políticas, proyectos económicos o de desarrollo que les afecten, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT.