CIUDAD DE MÉXICO.- Por encima de un Estatuto interno que ordena contratar a expertos académicos con grados de Doctorado y Maestría, los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados pasaron sobre sus propios Reglamentos y convirtieron a los Centros de Estudios del Palacio Legislativo en "cotos de poder" económico y político, en agencias de empleo para los aliados y hasta en refugio para políticos en "la banca" o "en retiro".
El intento de principios del 2011 –cuando se reformó el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados– de evitar que estos Centros dejaran de ser "un espacio para los recomendados de políticos", fracasó.
Aunque se estableció desde esa fecha que para ser director se requiere tener un Doctorado en la especialidad afín al Centro, y para Investigador un nivel mínimo de Maestría, hoy en los cinco Centros la realidad es otra... como en los viejos tiempos. Ni son Doctores ni todos los investigadores son Maestros; hay "recomendados".
El PRI refugió desde finales de la pasada legislatura al veterano Héctor Hugo Olivares, maestro de la política priista, como director del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA).
De 71 años de edad, profesor normalista de Aguascalientes, sólo con licenciatura en Ciencia Política por la UNAM, pero diputado y senador; hombre de partido siempre, quien se vio delicado de salud en septiembre de 2013 y tuvo que dejar el cargo de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, se encuentra hoy en reposo en estas oficinas, con sueldo mensual de 162 mil 614 pesos, según el tabulador.
Con 65 años de edad, el PRI colocó también, hace más de tres años, al chiapaneco Sami David, igual en la ruta del retiro, como director del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.
Fue diputado y senador varias veces, presidente de la Cámara de Diputados y de Senadores; ocupó la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, entre otros cargos. Pero sólo es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, miembro del Colegio Nacional de Ciencias Políticas, de la Fundación UNAM y del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) de donde fue Premio Nacional de Administración Pública en 1978.
En el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas ubicó al maestro Alberto Mayorga Ríos, quien viene nada menos que de la Fundación Colosio, donde fue el vicepresidente de Asuntos Económicos, aunque en su caso sí cuenta con un título que lo respalda:
Es economista y cuenta con maestría en Políticas Públicas y Administración por la Universidad de Harvard, además de estar acreditado como Consultor Internacional por la misma institución.
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) quedó, desde finales de la pasada legislatura, bajo el control de los seguidores del exdiputado perredista guerrerense de Nueva Izquierda, Sebastián de la Rosa, protector de José Luis Abarca, quien al retirarse destituyó al doctor Rafael Aréstegui Ruiz para imponer a Edgardo Joaquín Valencia Fontes, que, según acusaciones del propio Aréstegui, (El Financiero 28-09-2015) no contaba con el Doctorado ni había publicado un solo libro.