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Cámara de Diputados declara constitucionales revocación de mandato y consulta popular

La reforma en la materia fue aprobada por 17 Congresos locales, mínimo requerido para que sea declarada constitucional y pasará al Senado para que se realice la misma declaratoria.

El pleno de la Cámara de Diputados declaró este jueves constitucional la reforma a diversos artículos de la Carta Magna en materia de revocación de mandato y consulta popular, luego de que fue avalada por 17 congresos estatales.

Desde la mesa directiva de San Lázaro, la presidenta en funciones de la cámara, Dolores Padierna Luna, pidió a los diputados que se pusieran de pie para hacer la declaratoria correspondiente.

"El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el Artículo 135 constitucional, y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato", señaló.

La declaratoria se turnó al Senado de la República para sus efectos constitucionales, que consisten en hacer la misma declaratoria, a fin de turnarla posteriormente al Ejecutivo federal para su promulgación.

La vicepresidenta de la mesa directiva en funciones de presidenta pidió a la secretaria de la Mesa, Karla Yuritzi Almazán Burgos, informar cuáles fueron las 17 legislaturas estatales que dieron sus votos aprobatorios.

Dichos votos corresponden a los estados de Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala; también informó que el Congreso de Guanajuato votó contra la reforma.

A nombre de los diputados de Morena, María del Carmen Bautista Peláez expresó que la consulta popular es una herramienta de la democracia directa que empodera a las y los ciudadanos, y la revocación de mandato será un derecho ciudadano. "Ambas devolverán la confianza de las y de los mexicanos en la democracia".

Por el Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Raúl Gracia Guzmán señaló que el contexto en el que hoy se da la declaratoria de la reforma constitucional es mucho más grave de lo que era hace unos meses.

"Han tomado el control de la Corte y van por el del órgano electoral. No a la revocación como un instrumento del socialismo para aferrarse a un poder dictatorial", indicó.

Sin embargo, en torno a la revocación de mandato, alertó que "en el contexto en el que hoy se da la declaratoria constitucional de revocación, es mucho más grave y mucho más peligroso que lo que era hace unos pocos meses".

Argumentó que "la revocación no es una figura que usen los gobiernos democráticos, lo usan los comunistas; se usó en Bolivia, Venezuela y Ecuador, ¿y de qué sirvió? Únicamente para mantener dictadores".

La diputada del PRI, Dulce María Sauri Riancho, expresó que con esta reforma se avanza en materia de participación ciudadana directa; sin embargo, preocupan las limitaciones, ambigüedades e indefiniciones que persisten.

Dijo que en 2021 el INE no sólo será el encargado de las elecciones federales sino que podrá recibir la petición para revocar el mandato del presidente, pero ¿cómo lo hará si se le recortó el presupuesto?

Con esta reforma "avanzamos verdaderamente en materia de la participación ciudadana directa", aunque reconoció que la reforma aún contiene diversas "limitaciones, ambigüedades e indefiniciones".

Cuestionó –por ejemplo– que "¿cómo podrá hacer todo esto el INE, si la mayoría de Morena le recortó mil 74 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación recientemente aprobado?".

Entre otras indefiniciones –explicó Sauri Riancho– "primero, la solicitud de la ciudadanía para activar el mecanismo de consulta para la revocación de mandato representa en sí misma una carga de censura a las y los funcionarios electos para desempeñar un cargo público.

"Si en el primer trimestre de 2022 se realiza la consulta de revocación de mandato, tal como lo establece el artículo transitorio de la reforma, implica que al menos el 3 por ciento de la lista nominal de electores, alrededor de 2.8 millones, repartidos en al menos 17 entidades federativas, estarían descontentos, hartos de este gobierno, y la forma como está administrando el país", dijo.

"En segundo lugar, la reforma dejó temas pendientes que nos deben ocupar. Quedó pendiente establecer el plazo para realizar las adecuaciones a la Ley Federal de Consulta Popular. Quedó pendiente establecer con claridad los criterios para diferenciar las consultas populares de temas de trascendencia nacional, de aquellos que son de trascendencia regional", añadió.

La diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Partido del Trabajo, destacó que su grupo parlamentario ha impulsado la incorporación de figuras de democracia participativa al marco constitucional, cuyo propósito central es dotar a los ciudadanos de más instrumentos de control respecto de quienes han elegido para que los representen en el Poder Legislativo y en los titulares del Poder Ejecutivo federal y estatales.

En tanto, la diputada Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano, destacó que con esta reforma la ciudadanía tiene la llave para activar mecanismos de participación e incidir en las principales decisiones de nuestro país, así como para quitar a los malos gobernantes.

A su vez Edgar Guzmán Valdéz, diputado de Encuentro Social, subrayó que con esa declaratoria se perfecciona una figura jurídica de reciente incorporación al ordenamiento y se incorpora en su totalidad una nueva figura que, en términos prácticos, fortalece los derechos políticos de las y los mexicanos, extendiendo el poder de decisión y fuerza a su voto.

Por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) el diputado Óscar Bautista Villegas consideró que esta declaratoria es una gran oportunidad para que todos los ciudadanos del país tengan bajo su mando la responsabilidad de decir 'hasta aquí', o 'sigan adelante'.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) José Guadalupe Aguilera Rojas señaló que la reforma es indispensable para consolidar la democracia, porque contiene dos mecanismos de participación ciudadana: la consulta popular y la revocación de mandato. "Estamos convencidos de su utilidad y seguiremos promoviendo su aplicación, pero denunciaremos falsas consultas".

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