Nacional

Avanza la abrogación de Ley de Seguridad Interior

La Ley de Seguridad Interior quedó sin materia debido a que se declaró inconstitucional, por lo que se consideró viable la eliminación de esta ley del orden jurídico.

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que abroga la Ley de Seguridad Interior que la Suprema Corte declaró inconstitucional.

El documento abroga la Ley de Seguridad Interior, publicada el 21 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, declarada inválida en su totalidad por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 15 de noviembre de 2018.

Dicho ordenamiento quedó sin materia debido a que se declaró inconstitucional, por lo que se consideró viable la eliminación de esta ley del orden jurídico, que regulaba las intervenciones en seguridad pública de las Fuerzas Armadas.

Luego de ser aprobada por la otrora mayoría del PRI en el Congreso de la Unión, en la anterior Legislatura, el entonces presidente Enrique Peña Nieto ordenó que dicha ley no entrara en vigor hasta que la Suprema Corte se pronunciara, a raíz de los recursos y controversias constitucionales que presentaron partidos y otros actores.

En otro tema, los integrantes de la instancia legislativa aprobaron también reformas al artículo 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuyo objetivo es establecer la definición precisa de la autoridad sobre la que recae la representación litigiosa de la Federación.

La reforma puntualiza que en caso de procedimientos en que el titular del Ejecutivo federal intervenga con cualquier carácter, su Consejería Jurídica podrá determinar la dependencia en la que recaerá la representación para la defensa.

Se busca dar certeza -expone- a los procedimientos en curso o potenciales, ello implica dar vigencia y observancia a las formalidades esenciales del proceso, sea jurisdiccional, administrativo o arbitral, cuando se lleve en forma de juicio.

La modificación enfatiza la necesidad de que la Federación cuente con la debida representación jurídica, por lo que es importante dotar al Ejecutivo federal, a través de la instancia respectiva, del marco legal adecuado a efecto de salvaguardar sus intereses en asuntos en los que sea parte, juicios y procedimientos ordinarios, o de naturaleza diversa a la jurisdiccional, para su atención y debido seguimiento.

Con esto, continúa el texto, se permitirá al titular del Poder Ejecutivo designar a la dependencia de la administración pública federal en la que recaerá la representación para la defensa de la Federación, a fin de atender y comparecer en los diversos juicios y procedimientos en los que esté de por medio la defensa jurídica de los intereses de la Federación.