En su Informe final, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusó "debilidad", falta de rigor científico, omisiones en el desahogo de pruebas y dilación en la investigación de la PGR en el caso Iguala, y señaló la evidencia de tortura en testigos clave.
Presentaron un video en el que se observa lo que podría ser la siembra de algunas pruebas y ocultamiento de otras, en relación con el hallazgo de restos óseos en el Río San Juan y el basurero de Cocula.
Señalaron que el 80% de los inculpados por la agresión y desaparición de los normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014, presentaron signos de malos tratos o tortura y que dichas agresiones se agudizaron contra 17 testigos claves, en cuya declaración se basa la "verdad histórica" de la PGR de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero.
Mencionan el caso de Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, líder de Guerreros Unidos, quien primero negó ligas con ese grupo y luego reconoció ser operador financiero y ligó a los 43 con Los Rojos.
Precisaron que el propio Gil confesó que en su segunda declaración le dijeron qué declarar y a cambio le prometieron su libertad, "el testimonio fue ensayado y cada que se equivocaba se volvía a grabar", dijeron los integrantes del GIEI.
Aseguraron que en los informes médicos de la PGR muestran indicios de tortura a este sujeto, por lo que ya se pidió la aplicación del protocolo de Estambul, pero a la fecha no se ha concluido.
Frente a los padres de los normalistas, los miembros del GIEI defendieron su investigación y dijeron que los estudiantes no fueron a boicotear ningún acto político, no estaban infiltrados, ni eran parte del crimen organizado.
Insistieron en que en el basureo de Cocula no hubo una incineración masiva y que la línea de investigación del quinto autobús, que apunta al tráfico de droga Iguala-Chicago, no debe cerrarse, pues la PGR no investigó bien la temporalidad y territorialidad del evento.
Apuntaron que en la investigación de la Procuraduría no hay datos sobre retenes que el crimen organizado, junto con policías, instaló en 80 kilómetros a la redonda, en entradas y salidas de pueblos como Mezcala y Huitzuco hasta Sabana Blanca, lo que habría permitió a los criminales recuperar la unidad cargada de droga.
Tras el Informe que duró 2 horas 25 minutos, los expertos hicieron 22 recomendaciones al Estado mexicano. Entre ellas: garantizar la independencia de los servicios periciales del Ministerio Público, disminuir la burocracia en investigaciones, evitar testimoniales como "prueba reina", aumentar el valor a la prueba pericial y tipificar el delito de desaparición forzada.
Al final, los padres gritaron al GIEI "no se vayan, no nos dejen solos" y James Callavaro, relator para México de la CIDH, dijo que el GIEI superó las expectativa, lamentó que el gobierno de México no ampliara su mandato y conminó al gobierno federal a no frenar la búsqueda de los normalistas.