MORELIA.- El gobernador electo de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, manifestó que no sostendrá diálogo ni negociaciones con grupos de autodefensas, porque se encuentran fuera de la ley.
El próximo mandatario remarcó que en un Estado de derecho el gobierno y sus instituciones son responsables de hacerse cargo de la seguridad pública, y señaló que no permitirá civiles armados en Michoacán.
Más adelante, Aureoles Conejo hizo notar que su gobierno, que inicia el próximo 1 de octubre, sancionará, como lo establece las leyes en el estado, a las personas que busquen hacer justicia por mano propia.
Reconoció que el surgimiento en Michoacán de los grupos de autodefensas el 24 de febrero de 2013 en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán se debió a la falta de seguridad en la región de la Tierra Caliente.
En ese momento, la gente se armó y se hizo cargo de su propia seguridad y la de sus bienes; pero, ahora "la seguridad pública es responsabilidad absoluta del gobierno", reiteró Silvano Aureoles.
Empero, el gobernador electo afirmó que si existen grupos de personas que quiera participar en los grupos de autodefensas legalmente constituidos, deben cumplir con los requisitos que establece el marco de la ley.
En este sentido, el sucesor de Salvador Jara Guerrero, expresó que las personas que no tengan vocación para cumplir con tareas de seguridad como policías mejor que se dediquen a otra actividad.
LA ENCARCELACIÓN DE MIRELES UN EXCESO
En lo que hace a la detención y encarcelación del fundador de los grupos de autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, Silvano Aureoles dijo que "es un exceso que por portar una arma aún continúe en la cárcel".
Al respecto, el gobernador electo hizo ver que el Mireles Valverde tiene un problema serio de salud, lo cual debe tomarse en cuenta, empero se dijo respetuoso de las determinaciones de los juzgadores.
Tras calificar a Mireles Valverde como "un hombre valiente que se plantó ante la graves problemas de inseguridad en Tierra Caliente", Aureoles Conejo demandó en que su proceso penal se apegue a la ley.