CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Gobernación no define indicadores y metas para medir el cumplimiento de sus atribuciones de coordinación en materia de derechos humanos, carece de acciones de vinculación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y no opera el Sistema de de Seguimiento de Recomendaciones, reveló la Auditoría Superior de la Federación en el marco de la Cuenta Pública 2014.
De acuerdo con el informe, "la Secretaría de Gobernación acreditó acciones para la coordinación de la instrumentación de la política de derechos humanos, que le permitieron promover, orientar, dar seguimiento a ésta, no así para evaluar su efecto y congruencia con los preceptos constitucionales en la materia, ni contó con objetivos, indicadores y plazos para evaluar la contribución de la Secretaría en la operación de la política con un enfoque de transversalidad".
En materia de protección, acreditó la operación para 2015 del Sistema de Seguimiento de Recomendaciones (SISER), así como la coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), para su implementación, sin embargo "no contó con una versión pública del sistema para la difusión de información respecto del seguimiento y atención de las recomendaciones".
LA ASF revela que "aún y cuando la Segob realizó acciones de coordinación con las dependencias y entidades de la APF, para que le remitieran información respecto de la documentación que proporcionan a la CNDH para la atención de las recomendaciones que ésta les dirigió, "no contó con mecanismos de vinculación con la comisión ni operó el Sistema de Seguimiento de Recomendaciones (Siser)".
Explicó que la Segob acreditó que para 2015 inició la operación del Siser, con lo cual las dependencias y entidades que de enero a octubre de dicho año recibieron recomendaciones por parte de la CNDH ya habían iniciado la carga de la información referente a su aceptación y de las medidas para su atención; no obstante, "aún no existe una versión pública del sistema, para que la sociedad conozca la atención que se da a las recomendaciones emitidas por el órgano garante de los derechos humanos".
Destaca que de 2010 a 2014, la CNDH emitió 268 recomendaciones a la APF que involucraron a 28 autoridades con 308 señalamientos, de los cuales en 298 ocasiones (96.8 por ciento), las autoridades aceptaron la recomendación y en 10 (3.2 por ciento) no la aceptaron.
Precisa que de las 298 autoridades que aceptaron la recomendación, 30.5 por ciento (91) presentaron pruebas de cumplimiento total, con lo cual, en promedio, 3 de cada 10 autoridades que recibieron una recomendación de la CNDH en el periodo cumplieron con el 100.0% de lo solicitado.
Por lo que corresponde a las medidas precautorias o cautelares, la ASF indicó que "en 2014, la CNDH le solicitó a cuatro órganos desconcentrados y un área jurídica que dependen de la Segob once acciones relacionadas con medidas precautorias o cautelares de su competencia, sin que se le notificara ninguna a la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, por lo que no contó con información respecto de su instrumentación y para las seis medidas precautorias o cautelares que le solicitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado mexicano, la Segob realizó acciones de coordinación para su instrumentación y cumplimiento pero al término de 2014 aún se registran en trámite".
El órgano fiscalizador consideró que en 2014 "las debilidades en la coordinación de la política integral de derechos humanos, por parte de la Segob, limitaron que se sumaran los esfuerzos de las dependencias y entidades de la APF, a fin de disminuir la recurrencia de las violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades federales y atender las recomendaciones emitidas por los organismos nacionales e internacionales, así como de sentencias, en materia de derechos humanos".
Recordó que el 58.3 por ciento (14) de las 24 recomendaciones emitidas por la CNDH a la APF en conjunto se dirigieron al Comisión Nacional de Seguridad (CNS), a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA y a la Secretaría de Marina (SEMAR).
En tanto el 37.5 por ciento, (9), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y al Hospital General de México.
La ASF recomendó a la Segob atender y hacer el seguimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH a la APF, así como de las medidas precautorias o cautelares que le sean solicitadas; promover un registro que proporcione seguridad razonable sobre las propuestas de armonización; e implementar mecanismos de capacitación para los servidores públicos en sus tres niveles de gobierno en materia de derechos humanos.