Con 385 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información -que regula la reforma al Artículo 6º de la Constitución- que establece los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de todo ciudadano al acceso a la información sobre la operación y los gastos de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
El dictamen se aprobó en lo general, y aunque se enlistaron 58 reservas de los legisladores que pretenden hacerle cambios en lo particular, el acuerdo de los partidos es no aceptar una sola para darle trámite y evitarla esta misma tarde al Ejecutivo.
Todo órgano autónomo, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios, estarán obligados a entregar toda información que les solicite cualquier persona.
Al presentar en tribuna el dictamen, el diputado presidente de la Comisión de Gobernación, Abel Salgado Peña, del PRI, expuso que la elaboración de esta propuesta ha implicado meses de trabajo por parte de legisladores de ambas cámaras, quienes han escuchado a la sociedad civil, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y los órganos garantes de este derecho.
Subrayó que ésta es una oportunidad para empoderar a la ciudadanía, a través de esta ley.
Precisó que todo acto legislativo es perfectible y que, de ser necesario, en otro momento se podrían realizar las correcciones pertinentes, a efecto de pulir la ley.
Resaltó que se termina con cualquier privilegio de personas físicas, partidos políticos, sindicatos y fideicomisos, al ampliar el catálogo de los sujetos obligados.