CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de fuertes discusiones, la mayoría del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados en la Cámara de Diputados se impusieron y avalaron, sin cambios, las minutas del Senado que incluyen la Ley #3de3 y todo el Sistema Nacional Anticorrupción.
Después de una cerrada votación de 200 del PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano, contra 228 del PRI, Partido Verde y Panal –la bancada del PES no llegó al salón de plenos por estar en reunión en sus oficinas– se echó abajo la propuesta de que se establezca en la ley de que la declaración 3 de 3 de los servidores públicos se hagan públicas.
También se rechazó la petición de Acción Nacional, de que se eliminaran los incisos B y C del artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que señalan:
"b) Cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con Entes públicos de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios; c) Las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales a que se refiere la fracción anterior".
Esta propuesta de reforma sólo se decidió por votación económica –a mano alzada– en la que la mayoría también no aceptó.
La renuencia del Revolucionario Institucional se dio a pesar de las fuertes presiones de las cúpulas de la iniciativa privada sobre el coordinador priista, César Camacho Quiroz, ya que sus propios colaboradores confesaron que su teléfono no dejó de sonar desde el miércoles.
También informaron los del PVEM que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, acudió personalmente hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro, para reunirse con legisladores de diversas bancadas, pero su cabildeo no prosperó.
Tampoco funcionaron las protestas y pancartas del PRD en la tribuna, las playeras y cartelones de Movimiento Ciudadano, ni los gritos de "traidores" de Morena.
Entre gritos en el pleno y todos mirando el tablero electrónico contaron uno a uno los segundos en retroactivo para acabar con el tiempo y dejar la ley como la envió el Senado.
El artículo 29 también se mantuvo en sus términos de que "la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, salvo los rubros cuya difusión pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución". También establece que los formatos respectivos los emitirá el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana.
A pesar de las más de diez horas de discusiones y presentación de "reservas" o propuestas de modificaciones, tampoco hubo cambios en la minuta de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción ni en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Con el acuerdo entre los partidos de tampoco hacerle modificaciones, los diputados acordaron avalar para este viernes las minutas de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la de las reformas al Código Penal Federal, en materia de combate a la corrupción, en las que se crea la nueva Fiscalía General Anticorrupción y se precisan los castigos para los legisladores que incurran en los famosos "moches".
Antes avalaron los dictámenes de la Ley de Fiscalización, que da mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación; y el de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que revive y dará autonomía a la Secretaría de la Función Pública.
Estos decretos fueron turnados aún al Senado para ser ratificados este viernes.