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CIUDAD DE MÉXICO.- Legisladoras del PAN en el Senado propusieron reformar el artículo 41 de la Constitución Política para anular las elecciones federales y locales cuando haya violencia política en razón de género.
Al presentar la iniciativa ante el pleno, la senadora Kenia López Rabadán, a nombre de sus compañeras, expuso que "los derechos político-electorales de las mujeres siguen siendo violentados, ejemplo de ello son las 93 sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), relativas a la violencia política de género en el pasado proceso electoral".
Ejemplificó como violencia política de género el caso de las candidatas Martha Érika Alonso Hidalgo, gobernadora electa de Puebla y Beatriz Mojica Morga, candidata al Senado por Guerreo.
La legisladora señaló que "las autoridades electorales, tienen la obligación de evitar la afectación de los derechos político-electorales de las mujeres y en su caso, delinear acciones que se tomarán para no dejar impunes los hechos". Asimismo, deben reparar el daño a las víctimas.
En tribuna, López Rabadán comentó que el pasado 3 de agosto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó jurisprudencia que establece los cinco elementos necesarios, para que se configure la violencia política en razón de género.
"Sucede en el ejercicio de los derechos político-electorales o de un cargo público; puede ser perpetrado por cualquier persona; es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; tiene como objetivo menoscabar los derechos político- electorales de las mujeres ;y por último, se dirige a una mujer por el hecho de ser mujer; tiene un impacto diferenciado en las mujeres y nos afecta desproporcionadamente"
La propuesta señala que para que las autoridades puedan erradicar esta práctica, se necesitan entre otras cosas, dos cuestiones primordiales: uno, tipificar la violencia de género como una conducta delictiva, cuestión que el grupo parlamentario del PAN, ya propuso y dos, establecer a la violencia política de género como una causa de nulidad de una elección, cuestión que hoy se propone.