El Instituto Nacional Electoral (INE) reprendió al candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya, por la adquisición y difusión de propaganda electoral durante un partido de futbol que se transmitió por televisión.
Por ello, antes de aplicarle alguna multa, la autoridad electoral federal le ordenó que se abstenga de contratar publicidad en este tipo de eventos deportivos que tienen proyección televisiva.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE identificó que durante el partido entre Santos Laguna y Querétaro, el pasado 2 de abril, Acción Nacional y su candidato utilizaron las vallas electrónicas del estadio "Corona", ubicado en Torreón, con los siguientes mensajes: "Memo Anaya", "Gobernador", "Jugando en equipo cambia" y "Expulsando a los corruptos".
Dicha propaganda se observó por televisión en la transmisión de TV Azteca, Sky y Univision, por lo que la Comisión le recordó a Anaya y a su partido que la contratación de este tipo de propaganda, que no forma parte de los tiempos oficiales asignados por la autoridad electoral, es ilegal.
A partir de una queja que presentó el PRI, los consejeros electorales Adriana Favela, Pamela San Martín y José Roberto Ruiz ordenaron, como tutela preventiva, que se abstengan de contratar propaganda electoral durante la transmisión de cualquier evento deportivo, ya sea en las vallas o en cualquier alternativa que ofrezca el estadio y que pueda difundirse a través de un medio masivo de comunicación.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE también le pidió a las empresas televisivas que se abstengan de transmitir propaganda electoral que haya en estadios o en cualquier otro evento deportivo.
Además, ordenó a "Alto Impacto Publicidad", la cual fue señalada por el PAN y por su candidato a la gubernatura como la empresa responsable de su publicidad, que no difunda la propaganda denunciada ni cualquier otra que sea similar.
El INE enfatizó que la propaganda política-electoral difundida en televisión fuera de los tiempos otorgados por la autoridad electoral, es ilegal, pues supone la adquisición o contratación de dichos espacios para influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, lo que transgrede el modelo de comunicación política y el principio de equidad en los comicios.