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En un primer proyecto de dictamen de la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se contemplan modificaciones de fondo, que incluyen un margen al Ejecutivo de, en casos de una "emergencia económica", modificar y reorientar libremente hasta el 10 por ciento del gasto federal, sin requerir del aval de la Cámara de Diputados.
Circulado ayer entre los legisladores de la Comisión de Presupuesto, el documento contiene un amplio paquete de adiciones, modificaciones y exclusiones, entre las que destacan que sólo "cuando la variación sea superior al 10 por ciento del monto presupuestal total, el Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados la propuesta de monto de recursos a traspasar y su destino para efecto de que la Cámara la examine, discuta y, en su caso, apruebe o modifique en un plazo de 10 días naturales a partir del día siguiente al de su recepción".
Establece también que "cuando la reorientación del destino de los recursos a que se refiere el presente artículo represente en su conjunto una variación superior al cinco por ciento del monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Secretaría de Hacienda sólo deberá reportarlo en los informes trimestrales, y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados emitirá una opinión sobre dichas adecuaciones".
Notorio fue también el cambio y la reversa que elimina el Artículo Segundo Transitorio de la propuesta –motivo también de duros debates y reclamos entre legisladores de Morena y de la oposición, por afectar los planes y proyectos de infraestructura en las urbes de las entidades de la República–, que proponía la posibilidad de que el Ejecutivo federal o la Secretaría de Hacienda pudieran reorientar los recursos del Fondo Metropolitano para destinarlo a otros rubros, como "a programas para el otorgamiento de créditos y apoyos a la sociedad".
Los cambios a la iniciativa incluyen –en una mucho más amplia redacción y argumentación– lo que ya se había anticipado, en torno a que para poder declarar la "emergencia económica" la Secretaría de Hacienda "deberá presentar a la Cámara de Diputados una revisión integral del marco macroeconómico contenido en los Criterios Generales de Política Económica, donde incluya en sus análisis y sus pronósticos distintas fuentes y referencias, entre otras, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Banco de México".
Además, se anota que "un elemento determinante por sí mismo para la emisión de la declaratoria sucederá si, de acuerdo con los datos trimestrales emitidos por el INEGI, se registra una tasa real de crecimiento negativa del Producto Interno Bruto (PIB) de al menos uno por ciento respecto del observado en el mismo trimestre del año precedente y, adicionalmente que el pronóstico advierta que el decremento se prolongará durante el trimestre posterior a su medición".
En medio aún de marcadas diferencias entre legisladores de Morena y aliados con el bloque opositor, y con observaciones, también en contra, de diversos expertos, juristas y académicos, el proyecto de dictamen será debatido y votado por la Comisión de Presupuesto hasta el próximo martes. La Comisión de Hacienda también prepara su sesión plenaria sólo para emitir una "opinión" del dictamen, cuando esté listo.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, del PAN, comentó que aunque este jueves 30 de abril se declaró –vía oficio– la clausura de los trabajos del periodo ordinario de sesiones, para que este viernes sesione la Comisión Permanente del Congreso y convoque a un periodo extraordinario de sesiones, "aún no hay claridad sobre la fecha", debido a que no hay un dictamen concluido.