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El presidente Andrés Manuel López Obrador interpuso dos recurso jurídicos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar la suspensión dictada por este organismo a todas las medidas contenidas en la política de confiabilidad publicada por la Secretaría de Energía (Sener) en mayo pasado.
A través del Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, el presidente presentó dos recursos de reclamación para revertir la suspensión de la política que, entre otras cosas, limita el uso de energías renovables y privilegia el uso de las centrales propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Hace unas semanas, el ministro Luis María Aguilar concedió dos suspensiones a la política a petición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el estado de Tamaulipas.
Las reclamaciones del poder ejecutivo ya fueron admitidas por la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con información contenida en documentos del organismo.
Los lineamientos fueron publicados en mayo pasado por la Sener tras saltar el proceso necesario ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y después de que el extitular de dicho organismo, César Hernández, renunciara a su cargo.
La política contiene una serie de medidas que impactan al desarrollo del sector de renovables en el país: impone una serie de pruebas y limitaciones a nuevas centrales eólicas o solares, limita la emisión de permisos para nuevas plantas renovables y prohíbe la construcción de proyectos en lugares que considere congestionados o con poca capacidad de transmisión.
Analistas del sector han criticado que la finalidad de estas medidas es aumentar la participación de CFE en el mercado de generación eléctrica, después de que en 2013 perdiera el monopolio en dicha actividad.
En tanto, la Sener ha defendido que la nueva política tiene como finalidad dotar de confiabilidad al sistema eléctrico nacional y evitar sobrecargas en la red nacional de transmisión.
La nueva política ha recibido varias suspensiones de parte de la SCJN y de los juzgados especializados en competencia económica.