CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el 2015 en la capital se presentaron 14 averiguaciones previas en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por personas que padecieron abusos, lesiones y amenazas por parte de escoltas.
en el primer trimestre del presente año se han registrado cinco agresiones de este tipo, sin que a la fecha se haya detenido a ninguno de los "guaruras" involucrados que se dieron a la fuga y en un caso se presentó el suicidio de un agresor.
Desde el pasado 6 de abril, se presentó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) la Ley de Escoltas para la Ciudad de México, pero pasó el periodo ordinario y el extraordinario y no se aprobó, por lo que Roberto Rivera, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) urgió a aprobar el marco normativo que regularice la actividad de unas mil 200 empresas con 10 mil personas que en ellas laboran en la capital.
Por ello, convocó a la ALDF a que junto con la AMESP y el Consejo Ciudadano a sentarse a trabajar en "las áreas grises y contar con un marco regulatorio ad hoc a esta gran metrópoli".
En entrevista con El Financiero, Roberto Rivera informó que actualmente este tipo de compañías cuentan con un personal calculado en 500 mil elementos, los cuales, entre otras actividades, abastecen diariamente a 40 mil cajeros automáticos en todo el país; hacen un eficaz y seguro traslado de valores, vigilan los aeropuertos y resguardan la seguridad de los mexicanos en prácticamente los dos mil 400 municipios.
Dio a conocer que de acuerdo datos de la ALDF en la Ciudad de México existen unas 600 empresas constituidas y reguladas para prestar el servicio de escoltas en donde operan también alrededor de cinco mil personas, pero detalló que el número de guaruras "patito" iguala a los legales en la capital.
A nivel nacional, indicó que la Dirección General de Seguridad Privada establece que estamos hablando de tres mil 446 empresas de las que se estima unas seis mil empresas irregulares.
Rivera afirmó que es el personal de las empresas piratas el que principalmente recae en irregularidades como agresiones a los ciudadanos, por lo que llamó a los contratantes a solicitar información a la Dirección General de Seguridad Privada, sobre la empresa que le da el servicio.
"Qué tipo de servicio que me está ofertando, estén vigentes sus permisos; el elemento de seguridad tiene que contar con una credencial llamada Clave única de Identificación Policial (Cuip) para determinar que a esta persona en los individual ya se le aplicaron estudios socioeconómicos, exámenes médicos, físicos, toxicológicos y psicológicos que me dé garantías mínimas a considera para prestarme estos servicios", explicó.
Ante las agresiones de algunos guaruras a la ciudadanía, llamó a apretar los requisitos y hacer corresponsable al contratante, "las empresas para obtener la autorización tenemos que tener una fianza, para que si se llegaran a generar un daño patrimonial se pueda subsanar. Además debe haber una corresponsabilidad de la personas a contratante con respecto al actuar del elemento contratado".