CIUDAD DE MÉXICO.- En un análisis interno, que se ha negado a publicar, el gobierno mexicano aceptó que violó la ley con la investigación para dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Así lo reveló un reportaje que publicó ayer el periódico estadounidense The New York Times, en el que se detalla la supuesta violación al debido proceso en la detención de algunos de los más de 125 implicados en el caso.
"El informe dice que los sospechosos cruciales fueron arrestados y trasladados ilegalmente, poniendo en tela de juicio las pruebas que proporcionaron", dijo el diario.
"La conducta de los investigadores violó el derecho a la verdad y dañó el derecho de las víctimas a la justicia", agrega el Times al citar textualmente el documento atribuido a la Procuraduría General de la República (PGR).
"La desaparición de estudiantes de la ciudad de Iguala, en septiembre de 2014, sigue siendo una herida abierta en México, evidencia del fracaso del país en proteger a sus ciudadanos y la impunidad dentro de un sistema de justicia penal corrupto", señala un párrafo editorializado del reportaje.
De acuerdo con la PGR, razones legales impidieron publicar el informe. "Como tal, es un documento legalmente inexistente", respondió Natalia Briseño, en un correo electrónico enviado al diario estadounidense.
El periódico dijo que las autoridades le argumentaron que no reconocieron las conclusiones del informe, porque carecía de formalidades obligatorias, pero no especificadas.
Señaló que el documento proporciona la primera evidencia, que hay en la oficina del procurador General, que muestra cómo el caso fue mal manejado.
Dijo que la revisión interna concluyó hace cuatro meses y consta de 177 páginas impresas, mismas que quedaron listas para ser entregadas a los padres de los estudiantes, en una reunión celebrada el 18 de agosto pasado.
"Pero el inspector general de la oficina del fiscal dijo que sus superiores necesitaban aprobar primero el informe", señaló el diario y agregó que esa aprobación nunca llegó y el informe aún está en estudio.
Detalló que César Alejandro Chávez Flores, entonces visitador General de la propia PGR, renunció abruptamente a su cargo cuatro semanas después de que se celebró la reunión.
Dicho funcionario fue el encargado de elaborar la "Evaluación Técnica Jurídica", que se reveló por primera vez en México, a finales de noviembre pasado.