Acusan a PGR y FGR de liberar a implicados en caso Ayotzinapa

El exgobernador Ángel Aguirre demandó "juzgar al juzgador" luego de la liberación de 24 implicados en el caso Ayotzinapa el pasado fin de semana, mientras que el abogado de los padres de los 43 jóvenes desaparecidos, Vidulfo Rosales, acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) y la actual Fiscalía General de la República (FGR), de ser las responsables pues "el juez sólo actuó con los elementos que tenía a la mano".

Ambos funcionarios fueron entrevistados al término de una reunión de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, celebrada en la Secretaría de Gobernación.

"Nosotros hacemos una condena de lo que el juez Samuel Ventura Ramos hizo con la liberación de expolicías municipales. Hay que juzgar al juzgador y le corresponde al Consejo de la Judicatura llamarlo para que explique cuáles fueron las motivaciones para poner en libertad a estas personas", señaló quien era el gobernador de Guerrero, el día de la desaparición de los normalistas, en Iguala.

Explicó que "en el caso específico de El Cabo Gil, las escuchas que fueron proporcionadas por la DEA, la información que se tiene señala que él ordenó el bloqueo del Puente de Mezcala, donde un contingente de 60 policías municipales se trasladaba a Iguala para poder contribuir a la localización de los jóvenes".

En tanto, Rosales apunto: "nosotros vemos que la responsabilidad radica tanto en la Procuraduría de la administración anterior como en la actual Fiscalía, por no haber hecho las previsiones legales, porque el juez lamentablemente juzgó con lo que tenía en la mano y lo que tenía en la mano eran pruebas declaradas nulas, entonces cómo iba a condenar con eso".

Resaltó que la investigación era irregular "una investigación plagada de inconsistencias, con tortura de por medio y era evidente que esas pruebas se iban a excluir y no iban a alcanzar para una condena".

Señaló que existe el riesgo de que las personas que aún están encarceladas por el mismo caso salgan libres por lo que dijo que es urgente que la Fiscalía haga lo propio.

Sobre la reunión con los padres en el seno de la Comisión, Ángel Aguirre aseguró que uno de los compromisos que se hicieron con los padres "fue que vamos a ir a ampliar nuestras declaraciones ante la FGR".

Señaló también que es uno de los principales interesados de que se llegue a la verdad y planteó la necesidad de que se conozcan las actas que se levantaron durante las reuniones de Coordinación Guerrero, donde participaban diversas instancias de carácter federal y local porque ahí se deja constancia y se señala con claridad cuál fue la actuación de cada una de estas instancias para poder evitar, incluso, los acontecimientos de Iguala.

Respecto a su responsabilidad el día de los hechos respondió: "Yo hice lo que debió haber hecho un gobernador, prueba de ello es que las únicas detenciones que se dieron fueron las que hizo el fiscal Iñaki Blanco, desarmamos a los policías municipales y rescatamos a más de 60 jóvenes que estaban desparecidos y podrían correr la misma suerte".

Ángel Águirre reconoció que no habrá reconciliación con los padres hasta que se haga justicia en el caso.

El exfiscal señaló que en su momento se detuvo a 32 policías municipales, mismos que permanecen encerrados.

No obstante, Vidulfo Rosales, acusó que el exgobernador y los exfuncionarios evadieron responder a los cuestionamientos "sobre todo cuando hay datos que apuntan a que las policías, tanto ministerial como estatal, tenían relación con Guerreros Unidos y varios de ellos tenían los teléfonos de los estudiantes". Por todo ello, dijo, se ha pedido que todos ellos sean citados ante la Fiscalía para que declaren.